Hay denuncias por robo, amenazas de muerte y estafa procesal. Venció la restricción pero aún no pudo tomar posesión.
Conflicto. La relación de pareja duró aproximadamente dos años.
Un hombre que alquila un inmueble donde hasta hace unos meses funcionaba un restaurante -en el ingreso al Camino Real por ruta provincial 1, en el departamento Fray Mamerto Esquiú-, informó que un Juzgado de Familia fue estafado procesalmente y que por esa razón la Justicia le impuso restricciones hacia el negocio y de acercamiento a su expareja, quien lo denunció varias veces por supuestos hechos de violencia de género.
Sostuvo además que por esas restricciones no puede trabajar en el restaurante y que a pesar de que el 12 de marzo se venció el plazo de prohibición, la mujer le impidió que retome la posesión y el acceso al local, amenazándolo de muerte.
En diálogo con El Ancasti, el damnificado explicó que estuvo aproximadamente dos años en pareja con la denunciante, con quien no tuvo hijos en común.
En este punto se resguardan las identidades de las partes contendientes ya que cuentan con hijos menores.
Por otra parte, aseguró que la mujer percibe una pensión por discapacidad y que ella “nunca aportó nada para el negocio. No es socia ni trabajó allí”.
Desde fines del año pasado ella lo denunció al menos cuatro veces por presunta violencia de género. Las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Familia de Tercera Nominación y en octubre de 2023 al hombre le impusieron una prohibición de acercamiento y exclusión del hogar.
Poco después, vecinos del restaurante lo llamaron por teléfono y le informaron que le estaban vaciando el local.
El hombre hizo la denuncia penal correspondiente y los elementos –valuados en varios millones de pesos-, fueron hallados en el domicilio real de la mujer, de donde fueron secuestrados por la Policía, por orden judicial.
A principio de marzo, el empresario cambió de patrocinante legal y tomó los servicios del abogado Bruno Jerez, quien realizó una presentación ante el Juzgado de Familia pidiendo que se revea lo actuado, se investigue a la mujer por supuestas falsas denuncias de violencia de género y que se restituya el inmueble al empresario.
En la presentación, explicó que como consecuencia de las denuncias, el Juzgado le impuso restricciones y exclusión del hogar -el restaurante donde la mujer dijo que vivía-, “haciendo incurrir en un equívoco a ese tribunal (porque el local es alquilado como comercio y no está acondicionado para vivienda). O sea que de manera intencional y maliciosa, conocedora del daño que iba a provocar en su denuncia, declaró falsamente el domicilio del negocio, siendo que tiene domicilio real en otro lugar”.
En diálogo con este diario, Jerez consideró que la denunciante, “haciendo uso de la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, logra beneficios secundarios para tratar de enriquecerse”.
Manifestó además que una denuncia hecha ante autoridad judicial realizada por una mujer o integrante de la comunidad LGTB, impulsa inmediatamente una medida cautelar de expulsión del hogar y prohibición de acercamiento, y que la misma medida rige tanto para una denuncia real como para una denuncia falsa.
"Con estas medidas, muchas personas suelen inscribirse en programas nacionales para percibir una ayuda económica equivalente al salario mínimo, vital y móvil, que en febrero de 2024 era de $156.000", remarcó.
En este contexto, dijo que con estas medidas "se termina impulsando situaciones que sitúan a muchas personas en un enriquecimiento sin causa, o bien apropiándose de los bienes de su expareja".
Jerez enfatizó que "la protección a la mujer es imperativa, necesaria y que debe continuarse", y remarcó que "hasta que el sistema se perfeccione, deberán realizarse controles judiciales rigurosos para erradicar la posibilidad de estafas o fraudes procesales dentro de nuestro sistema judicial".
"Conozco casos en que el hombre ha sido perseguido penalmente determinando privaciones de la libertad, sin que medie causa suficiente. Inclusive abriéndoles sumarios administrativos o expulsándolos del trabajo por una denuncia por violencia de género", agregó.
"El mal uso o indebido uso de la perspectiva de género también lesiona a la parte masculina de nuestra sociedad, poniendo a muchos en contra de la Justicia. Como profesional de las ciencias humanas, abogado y psicólogo, creo que se debe restablecer el orden mediante legislaciones armónicas e inteligentes. Pero es indudable que la protección a la mujer debe continuar con la fortaleza que tiene actualmente", finalizó.
