La defensa de Arroyo reactivó la causa. Consideró que la medida fue promovida por el Ministerio Público Fiscal, que no puede renegar de sus propios actos.
Costilla. Volvió a quedar en el centro de la controversia.
La defensa de Diego Marcelo Arroyo, Guillermo Hernán Nieva y Camilo Alberto Carrizo, tres de los cuatro hombres implicados en el golpe millonario en barrio Parque América, que tuvo como víctima a Matías Exequiel Rolón Reynoso, volvió a la carga y planteó una serie de medidas. Las mismas fueron solicitadas al juez de Control de Garantías Nº 3, Lucas Vaccaroni.
El abogado Pedro Vélez, quien defiende a Arroyo, Nieva y Carrizo, pidió que se cite a declarar al fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla; al Procurador General de la Corte de Justicia, Tristán Lobo; al Fiscal General, Alejandro Gober; y al fiscal de Cámara Criminal Nº 3, Miguel Andrés Mauvecín.
Además, solicitó que se rechace la acción de nulidad presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en contra del fallo absolutorio que favoreció a Arroyo, Nieva, Carrizo y Fernando Pacheco -este último es el cuarto implicado en la causa-. En definitiva, la defensa pretende que los cuatro hombres queden absueltos, tal como se estableció en el acuerdo al que arribaron la víctima y los victimarios, que fue impulsado por Costilla y homologado por el exjuez de Control de Garantías Nº 1, Héctor Rodolfo Maidana.
Para el caso de la citación de Costilla, Lobo, Gober y Mauvecín, la defensa elaboró un pliego de preguntas a realizar a los funcionarios judiciales. Esto se hizo ante la posibilidad de que los mencionados no deseen comparecer para ser interrogados por las partes en sede del Tribunal o ser interrogados en sus despachos.
Se busca que Costilla responda por qué no apeló el fallo que absolvió a los cuatro implicados; para que responda si es que conoce que las sentencias de sobreseimiento son apelables; si se percató de alguna cuestión espuria respecto al acuerdo arribado entre supuesta víctima y supuestos victimarios; si recibió algún tipo de sanción (apercibimiento, destitución, acusación) dispuesta por el Procurador General a solicitud del Fiscal General; y si recibió algún tipo de instrucción por parte del Fiscal General, para que interpusiera recurso de apelación en tiempo y forma, entre otras.
También se pretende que Gober conteste los siguientes cuestionamientos: por qué no impartió instrucciones a cualquiera de los fiscales a los fines de que apelaran la sentencia; por qué no solicitó, durante el plazo de apelación, información a Costilla sobre la causa; si se percató de alguna cuestión espuria cometida por los funcionarios públicos intervinientes respecto al acuerdo arribado entre supuesta víctima y supuestos victimarios; si se percató de alguna conducta irregular en la actuación de Costilla al consentir este el acuerdo y solicitar el sobreseimiento; por qué no ordenó a Costilla y/o a cualquier otro agente fiscal que interpusiera recurso de apelación en tiempo y forma; cómo tomó conocimiento del sobreseimiento de los imputados en la causa que diera origen al proceso y de qué forma; si solicitó información a Costilla sobre la causa al tomar conocimiento de la causa, entre otras.
En la ocasión, la defensa hizo énfasis en que el MPF “fue parte esencial del acuerdo” que intenta disolver. “Cualquier persona desprevenida que lea la presentación del MPF puede llegar a creer que este no intervino en el proceso o que no tuvo acceso a lo acordado por los imputados y la víctima ni a lo resuelto por el juez, sin embargo eso no es así. Por el contrario, tuvo una activa participación en el proceso, siendo incluso quien pidió el sobreseimiento de los imputados”, remarcó.
“El MPF solo se queja de cuestiones que solo le son reprochables a su propia actuación. Cuando aún tenían plazo para recurrir la sentencia de sobreseimiento, dejan vencer el plazo para recurrir. Tuvo pleno conocimiento y dominio de las actuaciones, a través de sus agentes. Actuó sin ningún vicio del consentimiento y en el marco de su competencia. No cuestionó en ningún momento el acuerdo sino que por el contrario lo convalidó y solicitó el sobreseimiento y una vez notificado no cuestionó la resolución y dejó que la misma quede firme y pase en autoridad de cosa juzgada”, añadió.
Por último, resaltó que el MPF apunta a que “se revise la sentencia en contra de los imputados sin autorización legal, solo basándose en su propio capricho, en contra de sus propios actos anteriores, simplemente para caerle bien a la prensa”.
