El diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó un proyecto de decreto con el que pide crear una Comisión Especial de Seguimiento a la causa de la “Banda de los usurpadores” que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Hugo Costilla, hoy con un proceso abierto en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados y miembros del Ministerio Público.
En su iniciativa, el diputado también pide que dicha comisión pueda receptar denuncias de los casos que se presenten en el interior de usurpaciones y despojos de tierras donde, a criterio del diputado, “se observa la complicidad de jueces, fiscales, intendentes y organismos provinciales”.
Ávila también requiere que se convoque a una sesión especial en el corto plazo para que la Cámara de Diputados defina la conformación de esta comisión en forma urgente. En este marco, remarcó que la conformación de esta Comisión está prevista en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el reglamento interno del cuerpo, para solicitar una sesión especial, el diputado que la pide debe dirigirse a la presidenta de la Cámara y contar con al menos un tercio del total de los diputados.
En los fundamentos, el diputado remarcó que salió a la luz “una serie de estafas perpetradas por una organización, que estaría atentando en contra de la propiedad privada de muchos ciudadanos”. En este sentido, resaltó que las investigaciones son llevadas adelante por el fiscal Costilla, que “por otro lado tiene un pedido de juicio político” realizado por el propio Ávila.
Según el legislador, el escándalo de las estafas es un tema "que ha tomado mucha notoriedad a través de los medios de comunicación y pone en evidencia la complicidad con los que perpetraron estos delitos, con distintos organismos públicos, Catastro, Registro de la Propiedad, Policía y Poder Judicial”.
En este sentido, remarcó que “se han realizado denuncias públicas de ciudadanos del interior de la provincia, que acusan que bajo la misma modalidad se los intenta despojar de grandes extensiones de tierra de las que son legítimos dueños”.
En su pedido de conformación de la comisión, Ávila advirtió de casos puntuales en el interior de la provincia. “Un caso emblemático, el denunciado por el Dr. Juan Manuel Baracat a través de distintos medios de comunicación, donde expresa que la Justicia de Catamarca lo conmina a desalojar su campo de 750 hectáreas en el marco de un Proceso Judicial nulo y fraudulento, ya que él nunca recibió notificaciones de ningún tipo, negándosele de esta manera de la posibilidad de ejercer su legítima defensa”, resaltó.
“En la localidad de Las Barrancas, Municipio de Pozo de Piedra, en el departamento Belén, los pobladores denuncian la ocupación ilegal de un campo comunero por parte del intendente del Municipio de San Fernando, José Figueroa, que alambro más de 40 hectáreas, construyó una represa de agua y plantó 2.600 nogales, quitándole de esa manera al pueblo de Las Barrancas el acceso a dicho campo para el pastoreo de sus animales y usufructuando el derecho al agua que ya lo tenía la gente del lugar”, añadió.
Para el diputado, casos de estas características “hay en todos los departamentos de la provincia”. En este marco, también involucró al Gobierno provincial al sostener que “inició un maratónico proceso de expropiaciones y que la gran mayoría de éstas fueron realizadas sin indemnizar de ninguna manera a los que tenían títulos, como ser hijuelas o escrituras. Un caso emblemático de esto es la expropiación del Campo de Yacochuya en el norte de Tinogasta, para cederlo gratuitamente a la poderosa empresa vitivinícola Catena Zapata”.
“Sería largo enumerar todos los casos que existen de características similares a los enunciados, pero lo que está claro es que estas violaciones a los derechos que tienen los legítimos dueños de una propiedad atentan contra el sistema democrático y ponen en peligro la paz social en nuestra provincia”, añadió.
Con todos estos elementos es que justificó la creación de esta Comisión facultando a este cuerpo que “pueda receptar denuncias de todo el ámbito provincial de usurpaciones, despojos o expropiaciones realizadas sin ningún tipo de indemnizaciones tanto por el Estado provincial como por los estados municipales”.
“Catamarca no puede ni debe tolerar la violación sistemática del derecho que los asiste a los legítimos dueños de un lote, una casa o de cientos de hectáreas”, cerró el legislador.
Ávila es quien denunció al fiscal Costilla y al ex juez de Control de Garantías Héctor Maidana por homologar el acuerdo de partes que permitió la liberación de los asaltantes a los hermanos Rolón Reynoso en el barrio de Parque América. Luego de la renuncia del juez, el fiscal afronta solo el proceso en su contra.