Peligrosa negligencia

Las implacables fuerzas del orden los encañonaron y revolvieron todo sin atender razones. Para cuando advirtieron el error, la anciana ya experimentaba los primeros síntomas del infarto

Una mujer de más de 75 años sufrió un infarto por la conmoción de un allanamiento erróneo de agentes judiciales y policiales Una mujer de más de 75 años sufrió un infarto por la conmoción de un allanamiento erróneo de agentes judiciales y policiales

"Destrozaron el portón y nunca mostraron la orden de allanamiento, a pesar de que se la pedimos varias veces. Y cuando se dieron cuenta de que no era la casa que tenían que allanar, se echaron la culpa entre los policías y los judiciales. Para justificarse, solamente nos dijeron que un agente nuevo sindicó nuestra casa por equivocación", dijo una de las hijas de la pareja damnificada.

Los efectivos policiales, explicó, apuntaron con sus armas a su padre, a su madre y a una de sus hermanas mientras registraban la vivienda.

"Es una vergüenza. Ni siquiera nos dijeron qué debíamos hacer o adónde debíamos dirigirnos. Mi mamá se descompuso y ellos siguieron adelante. Revisaron las habitaciones, los muebles, hasta levantaron los colchones. No les importó que nosotros no tuviéramos nada que ver con la medida judicial que debían realizar", agregó.

Al intentar radicar la denuncia penal por lo ocurrido, fueron derivados por distintas dependencias.

Desde la Comisaría Sexta los enviaron a la Unidad Judicial N° 2 y que desde allí los mandaron a otro destacamento policial, hasta que finalmente terminaron en Fiscalía General.

Lejos de eximir a la Policía y la Justicia, la inexperiencia de un agente alegada en principio como justificativo para el episodio las compromete. La institución tiene el deber de supervisar, capacitar y controlar a sus efectivos, y tal deber se vuelve más exigente, no menos, cuando el operativo involucra armas largas y el ingreso forzado a una vivienda particular.

La Policía Judicial no actúa por iniciativa propia: ejecuta órdenes judiciales.

Hay un fiscal que solicitó el allanamiento. Hay un juez que lo autorizó y firmó la orden. Hay un jefe de operativo que no verificó la dirección antes de romper el portón. Todos integran la misma cadena institucional, todos forman parte del Poder Judicial catamarqueño, el mismo que en innumerables casos anteriores brilló por su inacción ante denuncias con pistas concretas que nadie siguió.

El sistema que no investiga cuando debe y también actúa de manera desaprensiva cuando finalmente opera.

Es difícil imaginar un escenario en el que el Estado provincial no quede expuesto a una condena por daños y perjuicios de magnitud considerable.

Daño físico documentado y grave y daño psicológico sobre una pareja de personas mayores cuya vulnerabilidad era visible desde el primer segundo del operativo y fue ignorada irresponsablemente.