Hace casi dos años se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida popularmente como de Etiquetado Frontal. La ley exige el rotulado frontal de alimentos que tengan excesos de azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas, grasas totales, cafeína o edulcorantes según parámetros fijados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o por las autoridades sanitarias locales.
Sin embargo y como suele suceder con muchas de las normas, su aplicación aún es parcial por varias razones, entre las que se cuenta la no adhesión de la mayoría de las provincias, entre ellas Catamarca. Son apenas 7 las jurisdicciones que sancionaron leyes adhiriendo a la nacional.
Un análisis de los avances en la implementación de la norma se efectuó esta semana en el marco del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. En el evento se concluyó que la ley de Etiquetado Frontal tiene un avance del 63 por ciento. Para que la implementación no sea todavía más plena se consideran una serie de factores que operan como restricciones por la no adhesión de muchas legislaturas provinciales, como la ausencia de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas de cada jurisdicción. Pero tampoco están definidos con la precisión necesaria otros aspectos normativos, como por ejemplo la regulación de la publicidad. Nación tiene más avances, aunque carece, según señalaron los expertos que participan del Congreso de Políticas Alimentarias, de un necesario registro de infractores. Los distritos subnacionales están más estancados, sobre todo aquellos que no adhirieron a la norma federal.
De las siete provincias que legislaron al respecto, cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente aprobaron una ley provincial de adhesión y las tres restantes (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación.
La abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, una de las instituciones promotoras del Congreso, dijo durante el evento sobre la no adhesión de la mayoría de los distritos: “Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley, porque hayan adherido o no, es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla”.
Los legisladores catamarqueños deberían generar una norma que, además de manifestar formalmente la adhesión a la ley nacional, prevea los modos de implementación de modo tal que no queden resquicios legales para que las empresas que producen alimentos puedan evadir las obligaciones contempladas. Difícil será en los tiempos electorales que corren, pero entre la instancia de las PASO y los comicios de octubre bien podrían los diputados y senadores, que ya tienen un período de trabajo excesivamente corto, ponerse de cabeza a estudiar, debatir y finalmente aprobar las mejores leyes, incluida aquella que es clave para que los consumidores sepan si los alimentos que consumen son saludables o no.n
