Luego de los alegatos y ya en cuarto intermedio, la fiscal federal María Correa -quien defendió la acusación-, reiteró que el ex juez Juan Pablo Morales tuvo una participación importante dentro de la banda narco juzgada.
"Es una causa compleja. Ya se venía investigando a otra banda y se continuó con unos de los imputados que hoy (por ayer) solicitamos condena", explicó en diálogo con El Ancasti.
Respecto a Morales, informó que es "una causa que viene trabajada desde la primera instancia por el fiscal Dr. Reynoso y la Procuración General de la Nación a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con el fiscal Diego Alejo Iglesias".
"Fueron ellos los que analizaron toda la causa y los que decidieron elevarla a juicio por las imputaciones con las que vienen. Respetamos la plataforma fáctica y solicitamos condena para siete personas y la absolución para una", agregó.
En cuando al rol del ex juez Morales dentro de la banda juzgada, dijo que "él figuraba en las escuchas que fueron analizadas por personal de la Procuración y analizadas por nosotros, y llegamos a la certeza de que existía una participación importante como nexo entre los sindicados en la causa Frías-Rearte. Y el aporte de Morales fue brindar un contacto que se encontraba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP,) que era Lazarte".
Sin hacer mención de la dura acusación y crítica formulada por Luciano Rojas, manifestó que continuaron las investigaciones "y se llegó a la conclusión de que el aporte de Morales había sido trascendente y que estaba probada la comercialización" de estupefacientes.
En cuando a la hipótesis de Rojas, de que al estar detenido en el SPP Lazarte no podría realizar la supuesta venta por razones obvias, la fiscal rechazó de plano ese argumento.
"La figura de comercialización no implica tener la posesión del estupefaciente. El artículo 5 de la ley 23737 de tenencia de sustancias prevé las distintas etapas de una cadena que se inicia con la producción, transporte, almacenamiento y otras conductas previstas, hasta que se llega al último eslabón, que es el consumidor final del estupefaciente".
"Acá el bien jurídico defendido por la ley es la salud pública. O sea que el hecho de prestar una colaboración o nexo para que la banda se nutra de más personas se considera una actividad importante y es lo que sostenemos en la acusación", remarcó.
Presuntamente Rearte y Frías mantenían contacto fluido con Morales, quien les aportó el número de Lazarte, un proveedor narco alojado en el penal de Miraflores.
Supuestamente con todos habría mantenido una relación de índole profesional por su condición de abogado.
Rearte, Frías y Lazarte pactaron la venta que se iba a realizar en el estudio de Morales, en momentos que Rearte no sabía que Lazarte estaba preso. La encargada de llevar la droga habría sido Emilce Aráoz, pareja de Lazarte. Finalmente la operación no se concretó.
En la trama apareció la figura de Soruco como proveedor de drogas mientras que Vizcarra estaba a cargo de la comercialización en Catamarca, un sujeto de apellido Villa que opera en La Rioja y Baigorrí, que también vendía en esta provincia.
Las escuchas vincularon a Rearte con Lazarte y Frías, y a éstos con Baigorrí, con conversaciones "muy frecuentes todas relacionadas con la comercialización de sustancias con palabras utilizadas en la jerga".
"La testigo (perito de Gendarmería Nacional), dijo que Pablo Frías guardaba en su domicilio mercadería ilegal y que Frías y Rearte habían viajado a Tucumán. Por eso las fuerzas de seguridad hicieron vigilancia en el domicilio de Frías, lo que luego desencadenó los allanamientos. La gendarme menciona que Rearte estuvo en las escuchas con Morales donde éste le dice que le pasaría el teléfono de la doctora y después se estableció que se trataba del teléfono de Lazarte, en el penal", finalizó.
