La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de la provincia de Córdoba, emitió un fallo en el marco de una causa por estafas multimillonarias en la que varias personas fueron condenadas por intermediación financiera no autorizada, ordenando que se realice un nuevo juicio, esta vez por asociación ilícita y que se agraven las penas ya impuestas a los principales imputados.
Se trata de la causa de la financiera Cordubensis (CBI), que se inició en el año 2014 y recién en el 2019, 13 de los 16 acusados fueron condenados.
En el juicio se estableció que en la ciudad mediterránea operó una mesa de dinero con sumas escandalosas, con una timba financiera que se llevaba a cabo a través de una cueva o financiera. No logró establecerse si en las maniobras se lavó dinero oficial.
Si bien en Catamarca ninguna de todas las causas por criptoestafas que investiga la Justicia Federal fue a juicio, en todos los casos la mayoría de los procesados están imputados por "intermediación financiera no autorizada agravada por la utilización de publicidad", delito excarcelable que prevé una condena de entre 2 y 4 años de prisión.
Otros acusados están imputados por "insolvencia financiera fraudulenta". Las causas locales se iniciaron a fines de diciembre del 2021 contra los dueños y los principales laderos de las empresas Adhemar Capital SRL, RT Inversiones, Callvu Servicios Financieros Bursátiles, Stratton Sierra, Beta Bank y Ru Inchausti.
Desde un primer momento el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a todos los sospechosos por estafa, asociación ilícita y lavado de activos, además de intermediación financiera.
Los jueces intervinientes, Miguel Ángel Contreras y el santiagueño Sebastián Argibay, no hicieron lugar a los planteos realizados por las querellas y la Fiscalía pidiendo que se avance en la investigación y el procesamiento por todos esos delitos. En su lugar declinaron competencias y a mediados del año pasado procesaron a todos los detenidos con prisión preventiva, sólo por intermediación financiera.
Los reclamos de las querellas y de la fiscalía llegaron a la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que luego de varios meses de estudiar la cuestión ordenó a los dos letrados que investiguen los demás delitos. Actualmente los detenidos continúan procesados por intermediación y están a punto de cumplir año y medio de prisión preventiva.
En Córdoba, el fiscal Carlos Gonella había presentado un recurso solicitando la ampliación de pena por asociación ilícita, que terminó en Casación, con fallo a favor.
Ahora deberá hacerse un nuevo juicio y a las penas ya establecidas podrían sumarse dos o más años de prisión, en función con el rol que cumplieron dentro de la asociación ilícita.
Al conocerse el fallo de la Cámara de Casación de Córdoba, El Ancasti consultó al MPF si esa resolución podría tener algún efecto en las causas locales.
"El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictaminó que no había asociación ilícita y terminó imponiendo penas de entre 2 y 7 años a los imputados. La Fiscalía no estuvo de acuerdo y Casación consideró que sí existió asociación ilícita", indicó Vehils.
“Estoy totalmente de acuerdo con la casación", agregó y consideró que el fallo "sienta un antecedente importante para nuestros casos. Nosotros (los fiscales en Catamarca) fuimos quienes acusamos por asociación ilícita pero los jueces procesaron solo por intermediación", remarcó.
El fallo de Casación deja abierta la posibilidad de que en caso de que en Catamarca los actuales imputados sean condenados solamente por intermediación financiera, se pueda casar la sentencia pidiendo que se amplíe la pena por asociación ilícita y los demás delitos, en función de la sentencia de la casación cordobesa.
