miércoles 30 de noviembre de 2022

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Lavado de activos

Ordenan investigar a los inversores de Bacchiani

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El juez Contreras solicitó a Gendarmería Nacional, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la realización de un informe patrimonial y financiero de todos y cada uno de los inversores de Adhemar Capital SRL.

Fuentes judiciales indicaron que el informe alcanzará a personas físicas y jurídicas.

Para ello se deberá analizar la documentación y elementos secuestrados en el marco de la causa (pendrives, carpetas contratos), para establecer el origen y de los capitales entregados a Bacchiani.

Para la realización de este informe la Justicia Federal detalló que los organismos técnicos podrán requerir a entidades públicas y privadas, bajo apercibimiento de ley, toda la información existente en sus registros referida a los inversores.

Los peritos deberán acceder a los datos de cuentas, tipo de operaciones realizadas, tipo de moneda, transferencias, detalles sobre propiedades muebles e inmuebles y de tarjetas de crédito, entre otras.

En el caso de que se presenten dificultades para cumplir con la orden de realizar el informe, los peritos podrán solicitar al Juzgado las medidas que estimen correspondientes.

"Lavado de activos"

En julio, Contreras descalificó la labor de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo, al considerar que "interviene desde hace tiempo en el expediente y no aportó absolutamente nada para el esclarecimiento de los hechos, mucho menos para lavado de activos. Así que intervenga o no, es exactamente lo mismo".

Si bien Contreras procesó a Bacchiani y a sus principales laderos por supuesta "intermediación financiera no autorizada agravada por el uso de publicidad", los demás delitos que desde el inicio de la causa le fueron endilgados al gurú de las criptomonedas siguen vigentes.

El juez declinó competencia para investigar los delitos de "estafa", "lavado de activos" y "asociación ilícita". Esta medida fue duramente cuestionada por el Ministerio Público Fiscal y los acreedores. La cuestión aún no fue resuelta porque espera el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Mientras tanto y a partir de la información que fue surgiendo en la investigación, más la presión de los acreedores, Contreras adelantó que "evalúa investigar de oficio" los delitos declinados. En este contexto, se entrecruzará la información aportada por Blas, las actas notariales de Córdoba Gandini y lo que surja del material secuestrado en los allanamientos.

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