Asistencia financiera a provincias, infraestructura vial y programas de salud cayeron entre 75% y 100% por el ajuste fiscal de 2025.
Fuente: elaboración CEPA en base a e-Sidif e INDEC.
El ajuste fiscal del Gobierno Nacional alcanzó una magnitud sin precedentes durante 2025, con una caída real del gasto del 29% respecto a 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El análisis revela que las provincias fueron las principales afectadas: programas de asistencia financiera, obras públicas, infraestructura vial y salud presentan recortes de entre 75% y 100%, comprometiendo la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio nacional.
Según el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional, múltiples partidas destinadas a las diferentes jurisdicciones del país quedaron virtualmente paralizadas durante el año pasado.
En este marco, uno de los sectores donde más recortes hubo fue en las transferencias directas del Tesoro Nacional hacia provincias y municipios. Según el informe, el programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios no registró ejecución alguna, con una caída del 100%. En la misma situación se encuentra el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, también sin ejecución.
La Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios sufrió un recorte del 98%, mientras que el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional cayó 68%. Las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas retrocedieron 92%, y las destinadas a la Secretaría de Energía lo hicieron en 72%.
El otro sector fuertemente afectado por la gestión libertaria fue la de obra pública. La infraestructura en las provincias enfrentó una virtual paralización. El programa de Infraestructura en Municipios tampoco tuvo ejecución presupuestaria, sumando otra caída del 100%. Los programas de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron 98%, mientras que la Construcción de Túneles y Puentes Grandes cayó 95%.
Según el CEPA, la Dirección Nacional de Vialidad , organismo encargado del mantenimiento y construcción de rutas registró una disminución del 72% en su ejecución presupuestaria. Las Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional presentaron una reducción del 95%, y las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales cayeron 93%.
La Construcción de Rutas Seguras descendió 89%, el Desarrollo de Obra Pública retrocedió 93%, y el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica registró una caída del 85%. El programa de Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios, fundamental para urbanizaciones en territorios vulnerables, cayó 75%.
El sector salud también sufrió recortes profundos que impactan directamente en las provincias. La Superintendencia de Servicios de Salud, organismo regulador del sistema de obras sociales, cayó 72%. Los hospitales nacionales, muchos de ellos referentes en sus regiones, sufrieron ajustes de entre 20% y 42%.
Entre los programas sanitarios, dos quedaron sin ejecución: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ambos con caídas del 100%. El programa de Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas retrocedió 88%, y la Prevención de Enfermedades Endémicas cayó 71%.
El Instituto Malbrán, referente en investigación epidemiológica, sufrió un recorte del 26%, mientras que la ANMAT, que es la agencia reguladora de medicamentos, cayó 25%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, cuyo cierre fue anunciado por el gobierno, registró un ajuste del 38%.
En lo que hace a la Educación, el panorama es similar. Los programas educativos que impactan en las provincias también enfrentaron severos recortes. Conectar Igualdad, que proveía computadoras a estudiantes de escuelas públicas, y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado a complementar salarios docentes, no tuvieron ejecución, cayendo 100%.
El Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó 90%, la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes retrocedió 77%, y las Acciones de Formación Docente descendieron 75%. El financiamiento universitario, a través del programa de Desarrollo de la Educación Superior, cayó 29%.
En desarrollo social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73%. El Plan Nacional de Protección Social y el programa de Economía Social quedaron sin ejecución (caída del 100%), mientras que Comedores Comunitarios y Merenderos cayeron 52%, y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia retrocedió 90%.
