La reforma judicial que el gobernador Raúl Jalil anunció sin ofrecer detalles, respondiendo a una pregunta sobre la irresuelta investigación del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas y la cuestionada actuación del fiscal Laureano Palacios, empieza a tomar consistencia. La presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, ponderó la iniciativa y celebró el inicio de la discusión parlamentaria que había anticipado la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero. Ayer, el bloque de diputados del oficialismo se reunió y su presidente, Ramón Figueroa Castellanos, anunció una ronda de consultas tendientes a elaborar un proyecto para someterlo a debate con la oposición.
La reforma carece todavía de contenido específico. Para al menos una parte de la oposición, se trata de “un circo” que el oficialismo intenta montar para diluir los perjuicios políticos del Caso Rojas. Podría ser, pero negarse a participar del proceso implica cederle la iniciativa y la confección de la agenda al Gobierno en un asunto de medular interés público y, más al fondo, dejar boyando interrogantes que una fuerza que aspira a gobernar no puede darse el lujo de dejar sin respuesta. Si el Gobierno se equivocó en los cambios introducidos en el esquema judicial y pretender “colonizar” la Justicia ¿cuál es el diseño del Poder Judicial que propone de Juntos por el Cambio?
Hasta el momento, lo único que se sabe es que objeta la Comisión Evaluadora y considera conveniente retornar al Consejo de la Magistratura. El dispositivo para la designación de jueces y fiscales es, sin dudas, uno de los temas que una discusión seria debería incorporar. Pero es solo uno, y hasta el más acérrimo crítico de la Comisión Evaluadora admitirá que el Consejo de la Magistratura no garantizó ni transparencia ni una prestación mejor del servicio de justicia.
Es la ineficacia la cuestión más enervante en términos generales. Cecilia Guerrero consignó en este sentido las pronunciadas moras en el trámite de los expedientes, y puso como ejemplo el de las compras directas en el área de Acción Social, que lleva nada menos que 20 años y recién está por alumbrar sentencia de primera instancia.
Otro punto interesante es el de la divergencia de criterios que se aplican para casos similares. Varas distintas, de acuerdo a la cara –y el poder- del cliente. En los abusos sexuales, por ejemplo, mientras un acusado raso se come prisión preventiva desde el principio, un sospechoso con jinetas políticas o institucionales aguarda juicio y maniobra para darle largas en libertad. El finalmente condenado ex intendente de Puerta de Corral Quemado Enrique Aybar fue reelecto en dos oportunidades a pesar de estar imputado por ultraje. Elpidio Guaraz, lord mayor de Santa Rosa, dilata una causa por abuso que lo tiene por acusado, al mismo tiempo que se prepara para intentar una nueva reelección y se sumerge sin prejuicios ni rubores en la militancia de género. Ni hablar de los sacerdotes.
Eternización de los trámites por desidia, incompetencia, tolerancia al abuso de recursos dilatorios o complicidad; incongruencias groseras en resoluciones y sentencias: ineficacia e inequidad llevan décadas madurando y convergen de modo cada vez más ostensibles.
Parece conveniente generar mecanismos de monitoreo y evaluación sistemáticos y objetivos del desempeño de los funcionarios judiciales y del sistema, o perfeccionar los que eventualmente existan. Métodos por el estilo contribuirían a la configuración de un Poder Judicial idóneo tanto como los procedimientos de designación, con un beneficio adicional: los registros, más si fueran públicos, serían una valiosa herramienta orientadora para promociones y ascensos en una estructura tramada por favoritismos, e incluso para los concursos.
Las intenciones del oficialismo son asunto secundario, aparte de hipotético. El debate por la reforma judicial podría ser una oportunidad para avanzar hacia un mejor servicio de Justicia para el conjunto de la sociedad. n
