El diputado nacional Fernando Monguillot, integrante del bloque Elijo Catamarca, rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, incluido dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. En diálogo con la prensa, durante su estadía en la provincia con motivo de la Fiesta del Poncho, el legislador sostuvo que "extranjerizar nuestra tierra no es momento ahora ni nunca" y remarcó que la primera prioridad debe ser la protección del territorio nacional.
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Monguillot rechazó el proyecto de liberar la venta de tierras
El diputado nacional cuestionó el capítulo de tierras rurales de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
El proyecto reúne bajo un mismo texto distintas temáticas: expropiaciones, desalojos, tierras rurales, manejo del fuego y registros de la propiedad inmobiliaria. Según Monguillot, esa amplitud complica la discusión: "por ahí es difícil hablar de una idea en sí, sino que hay muchas ideas en ese proyecto".
El diputado planteó que, en general, los argentinos respetan el derecho a la propiedad privada como una garantía consagrada en la Constitución Nacional, y que nadie podría oponerse a una mayor modernización o transparencia en los procesos expropiatorios; el problema, remarcó, es que reunir tantos temas distintos en un solo texto complejiza el debate de fondo. El intento de tratarlo en el Senado de la Nación, tras la semifinal de la Copa del Mundo ante Inglaterra, no logró reunir el quórum necesario.
El capítulo que genera mayor controversia, indicó el diputado, es el referido a las tierras rurales, donde "ya no tenemos una discusión de modernización, sino que básicamente hay una discusión de soberanía". La legislación vigente prohíbe que la titularidad extranjera concentre más del 15% de las tierras rurales del país y, dentro de ese porcentaje, impide que una misma nacionalidad controle más del 30%.
El proyecto oficial plantea levantar esas restricciones. Insistió en que la discusión de fondo excede la modernización administrativa, ya que involucra "valores nacionales muy importantes como es la soberanía nacional".
Según el diputado, el espíritu original de la ley de tierras rurales fue proteger el territorio y por eso lo consideró válido, aunque reconoció que ese debate suele derivar en planteos de proteccionismo extremo frente a la posibilidad de inversiones extranjeras. Aclaró que no está en contra de esas inversiones extranjeras, sino de desproteger el territorio nacional en el proceso.
Monguillot recordó los dichos del gobernador Raúl Jalil, quien consideró que no es momento de discutir la liberación de la venta de tierras a extranjeros, y coincidió con esa postura. Explicó que la actual ley de tierras rurales surgió con los consensos necesarios a nivel federal, después de un relevamiento de la tierra en manos de extranjeros en todas las provincias del país, y consideró que ese trabajo no puede dejarse de lado.
El legislador planteó además que la discusión sobre la extranjerización ya no se limita a la relación entre países. Según su análisis, existen personas físicas y jurídicas con más poder económico que algunos estados, por lo que la posible concentración de tierra ya no depende únicamente de qué nacionalidad las adquiere, sino de la capacidad de acumulación de esos actores privados. Por ese motivo, consideró necesario mantener algún tipo de restricción a la extranjerización, en línea con lo que, señaló, ocurre en otros países del mundo.
El diputado también se refirió al capítulo del proyecto que modifica la ley de manejo del fuego. Explicó que la norma vigente establece restricciones para cambiar el destino del suelo durante un determinado plazo después de un incendio, con el objetivo de desalentar la especulación inmobiliaria y la provocación intencional de siniestros para modificar el uso de bosques nativos o reservas.
Para Monguillot, ese tipo de restricciones "hacen al bien común de todo, a la protección ambiental" y no deberían modificarse. Pese a esas objeciones, el legislador diferenció el capítulo de tierras rurales de otros aspectos del proyecto que consideró positivos, vinculados a la modernización de los registros de la propiedad inmobiliaria.
Monguillot, quien fue director del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Catamarca, mencionó entre esos aportes la creación de una red federal de inhibiciones, la promoción del uso de documentos y firma digital, y el establecimiento de plazos para la calificación registral.
Sobre la red de inhibiciones, recordó que, durante su gestión al frente del organismo, recibía oficios de distintos estamentos judiciales de todo el país que debían consultar a cada demarcación territorial para saber si una persona estaba inhibida, un procedimiento que calificó de burocrático y que la nueva red buscaría simplificar. "Nadie puede estar en contra de la modernización de los registros de la propiedad inmobiliaria", afirmó.
Sobre ese punto, el diputado recordó su participación en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmobiliaria, ámbito de intercambio entre las provincias para unificar la aplicación de la ley 17.801, que regula la registración inmobiliaria en el país, distinto de la Red Federal del Notariado, que agrupa a los escribanos.
Señaló que la pandemia aceleró la digitalización de esos organismos, que hasta entonces mantenían procesos muy ritualizados, al obligarlos a suspender plazos procesales y registrales y a incorporar herramientas tecnológicas que, según evaluó, terminaron por aportar más beneficios que riesgos.
El legislador explicó que el debate continuará el 6 de agosto en el Senado de la Nación, donde primero deberá definirse si se reúne el quórum necesario y, luego, si se incorporan modificaciones para lograr mayor consenso. Consideró que el Gobierno nacional "a veces impulsa este tipo de reformas, de modificaciones", pero que "muchas veces van demasiado a fondo". "No nos oponemos por oponernos", sostuvo Monguillot, y agregó que su bloque analiza cada proyecto en detalle.