Hay proyectos de ley que no intentan resolver un problema real, sino, en todo caso, reforzar prejuicios que resultan de un clima de época. El que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género pertenece a esa categoría. Su presupuesto implícito es que existiría una epidemia de acusaciones inventadas por mujeres que utilizan el aparato judicial para perjudicar a varones inocentes. El problema es que la evidencia disponible muestra algo completamente distinto: en la Argentina, lo que predomina no es la denuncia falsa, sino el miedo a denunciar y cierta desprotección estatal para las víctimas.
Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, realizada con apoyo de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia por parte de una pareja actual o anterior. Sin embargo, apenas una de cada cuatro buscó ayuda o realizó una denuncia. Es decir, el problema estructural claramente no es el abuso de las denuncias, sino la enorme cantidad de hechos de violencia que nunca llegan siquiera a conocimiento del Estado.
En la Argentina, lo que predomina no es la denuncia falsa por violencia de género, sino el miedo a denunciar y cierta desprotección estatal para las víctimas. En la Argentina, lo que predomina no es la denuncia falsa por violencia de género, sino el miedo a denunciar y cierta desprotección estatal para las víctimas.
Las razones de esta situación son múltiples y bastante conocidas para cualquiera que quiera mirar el problema sin prejuicios ideológicos. Todas las investigaciones realizadas sobre esta problemática coinciden en que existen barreras económicas que dificultan a mujeres en situación de vulnerabilidad social el acceso a patrocinio jurídico, falta información adecuada sobre los mecanismos de protección, persisten sesgos de género en operadores judiciales y policiales que minimizan los testimonios de las víctimas, y abundan prácticas de revictimización institucional que convierten la denuncia en una experiencia traumática adicional. A eso se suman procesos judiciales que pueden extenderse durante años sin resolución efectiva.
Pero incluso esa enumeración resulta insuficiente si no se comprende la dimensión emocional y psicológica de la violencia machista. El miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia económica o afectiva y los mecanismos de autoprotección psíquica suelen impedir o retrasar la denuncia. Muchas víctimas necesitan años para poder poner en palabras lo que vivieron. Otras jamás logran hacerlo.
De las 228 víctimas de femicidio registradas en 2024, se sabe que el 18% había realizado denuncias previas. Y aun así, menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del asesinato. Incluso en aquellos casos en los que las mujeres lograron atravesar todos los obstáculos y acudir al Estado, la respuesta institucional fue insuficiente, tardía o directamente inexistente.
Los integrantes de los tres poderes del Estado deberían concentrarse, antes que en pergeñar o alentar iniciativas que desvían la atención de lo que ocurre en la realidad, en la ineficacia institucional para prevenir la violencia de género, proteger a las víctimas y condenar a los victimarios.
