jueves 28 de marzo de 2024
JUICIO POR LAS COMPRAS DIRECTAS

Más testigos negaron haber recibido ayuda social en la gestión del Frente Cívico

En distintos expedientes figuran como beneficiarios de asistencia estatal, pero muchos negaron incluso haberla solicitado. Otros la pidieron, pero no la recibieron nunca.

En la cuarta jornada de testimonios del juicio por las compras directas realizadas desde la Subsecretaría de Acción Social, durante las gestiones de Víctor Brandán y Pablo Doro en el Ministerio de Salud en el gobierno del Frente Cívico y Social, más testigos negaron haber sido beneficiarios de ayuda social e incluso algunos negaron haberla solicitado. La manipulación de los datos y las irregularidades en el reparto de la asistencia quedaron expuestas en la jornada del viernes pasado. El juicio continuará recién el próximo lunes 13.

Ayer declararon siete de los nueve testigos que se habían programado. Uno de ellos no asistió a pesar de haber sido notificado, mientras que otra mujer había fallecido para cuando le llegó la notificación. Ya son dos las testigos fallecidas de esta causa, ya que otra mujer que debía presentarse la semana pasada murió hace 11 años.

Seis de los siete testigos negaron haber recibido la asistencia social que figura en el expediente administrativo que se investiga en esta causa. En todos los casos, existen notas de solicitud escritas de puño y letra que los supuestos beneficiarios desconocieron, al igual que las firmas con las que se rubricaron esos pedidos. Sin embargo, las copias de los DNI con las que se acompañaron aquellas solicitudes son legítimas y llegaron hasta el expediente de las formas más variadas.

Una mujer de apellido Rodríguez, por ejemplo, recordó que una vez solicitó una ayuda económica para pagar una deuda en el Cementerio y también señaló que por intermedio de una excuñada, de apellido Gareca, que trabajaba en el Ministerio de Salud como secretaria en el área de Acción Social “habían pedido una ayuda para una mujer que le curó el empacho a su hijo” y sospechó que de esa forma su DNI habría llegado a aquel expediente.

Los otros casos de irregularidades fueron expuestos por hombres. Un sereno de apellido Regalado aseguró que “desconoce cómo obtuvieron su DNI” y sospechó que posiblemente haya sido por algún trámite en el Estado, pero negó haber pedido y haber recibido subsidio alguno.

Otro, que se desempeña como empleado municipal en Recreo, explicó que los únicos subsidios que recibió fueron medicamentos que debió adquirir producto de un accidente laboral que casi le cuesta la vida en 2001. El hombre también negó haber efectuado pedidos por escrito y de hecho (ante la consulta de una de las partes), reconoció que sabe leer y escribir “pero poco”. Lo interesante de su testimonio fue que aseguró que aquellos medicamentos que recibió fueron gracias a un intermediario que “tenía un trabajo político”, de quien recordaba sólo su apellido: Dorado. Posiblemente se trate de Patricio Dorado, quien luego fue concejal de Recreo por el FCS.

Además, un hombre de apellido Pedraza recordó haber pedido herramientas para trabajar, que nunca recibió, pero negó haber recibido materiales de construcción. Lo mismo ocurrió con otro hombre de apellido Palomeque, quien negó haber recibido “diez bolsas de cal y 400 blocks”, pero sospechó que su DNI pudo haber llegado al expediente en algún momento que perdió la billetera y la recuperó días después. Otro hombre, de apellido Pérez, quien por entonces tenía una banda de música, recordó haber solicitado una ayuda para un viaje a Córdoba para grabar un CD, pero no pidió ni recibió materiales de construcción.

Una mujer, también de apellido Pérez, sí reconoció que oportunamente pidió y recibió ayuda de Acción Social. Contó que tiene un hijo con problemas cardíacos, que por entonces no tenía obra social y realizó trámites para recibir medicamentos en el Ministerio de Salud; y que más tarde pidió cemento para terminar de construir su casa. Lo llamativo de su testimonio es que se contradijo con lo que había declarado durante la instrucción e incluso negó haber declarado con anterioridad ante algún funcionario judicial.

En este juicio se ventilan hechos ocurridos en 2003, que se conocieron tras una investigación de El Ancasti y que fueron denunciados por el entonces diputado provincial Fidel Sáenz en 2004. Además de Brandán y Doro, están imputados el exencargado de depósitos, Omar Guillermo Martínez; y la exencargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita. Brandán deberá dar explicaciones por 12 hechos, todos en carácter de coautor; Doro por siete hechos (dos en carácter de coautor y cinco como partícipe necesario); Zurita, por siete hechos en carácter de partícipe necesaria; y Guillermo Martínez, por un solo hecho, en carácter de partícipe necesario.

Durante la gestión de Brandán se ejecutaron compras directas por $27 millones para asistencia social y más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezar a venderle al Estado. El resto se había resuelto en los últimos 35 días de Brandán como funcionario. n

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