Los legisladores nacionales oficialistas de Catamarca salieron el martes de la reunión con el gobernador Raúl Jalil, en la que se trató la postura que asumirán cuando se trate el DNU del Ejecutivo nacional en las dos cámaras del Congreso Nacional, señalando que la intención es mantener una postura dialoguista con el gobierno de Javier Milei para “favorecer a la provincia”. Así lo expresó quien ofició de vocero, el senador Guillermo Andrada: “Vamos a tomar las decisiones que correspondan y favorezcan a la provincia. El Gobernador ha planteado una posición de diálogo". “Lo que nosotros buscamos son acuerdos. Los acuerdos son los que generan consensos y el consenso es el que hace que todo tenga seguridad jurídica”, añadió.
Antes de ese encuentro habían expresado opinión sobre el megadecreto la senadora Lucía Corpacci y los diputados Sebastián Nóblega y Silvana Ginocchio. Lo hicieron pronunciando un rechazo rotundo. La más enfática fue Corpacci: “Nunca escuché que en un mismo día se anunciaran tantas medidas que afectaran a todos los sectores de la sociedad argentina”, dijo. Agregó que el DNU de Milei “es totalmente inconstitucional” y que lo que más la preocupaba era “que la sociedad argentina la va a pasar muy mal. No hay un sector que no se vea afectado con estas medidas. Es tremendo y por supuesto, siempre los trabajadores son los que se verán más afectados”.
La postura dialoguista sostenida por Jalil y consensuada con los legisladores nacionales parece ir a contramano de aquellas declaraciones combativas. Pero, además, en un sentido contrario a las declaraciones sostenidas por el Partido Justicialista de manera orgánica y por los bloques de diputados y senadores provinciales del oficialismo.
La moderación de la posición declarada por Andrada en nombre de sus pares obedece a la perspectiva de análisis del gobierno provincial. Catamarca es una provincia con mucho potencial de desarrollo, pero muy dependiente de los recursos del gobierno federal. Enfrentarse abiertamente a Nación solo puede generar perjuicios a la provincia.
El derrotero del DNU por la Justicia y el Congreso es largo. De modo que habrá que aguardar con paciencia el devenir de los acontecimientos para saber qué posición asumirán los legisladores nacionales catamarqueños. Cuál platillo de la balanza pesa más: si el de la convicción de que el DNU es un avance sobre los derechos de los sectores más vulnerables y la clase media, además de inconstitucional; o el del diálogo con el gobierno nacional para obtener beneficios para la provincia.
Para hacer más complejo aún el panorama, el Ejecutivo nacional presentó ayer su proyecto de Ley Ómnibus, que pone patas para arriba todo el andamiaje institucional de la Argentina. Y que establece superpoderes por dos años para Javier Milei. La iniciativa produce tantas modificaciones que es imposible que pueda ser aprobada, al menos como llega al Poder Legislativo, en ninguna de las dos cámaras.
El perjuicio más grave –de muchos- que le acarrea el proyecto a Catamarca es que reduce su representación en la Cámara de Diputados de la Nación: de los cinco legisladores con los que cuenta ahora se reduciría a solamente dos. Menciona a la empresa YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) como sujeta a privatización, lo que implica un desatino porque la propiedad es solo una parte de Nación, que ni siquiera posee acciones. El resto le pertenece a Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán.
La realidad política argentina es tan dinámica que pronosticar lo que harán o no harán los legisladores nacionales catamarqueños cuando deban tratar el DNU o los proyectos enviados por el Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación es casi imposible. Habrá que esperar para ver cuál platillo de la balanza pesa más.
