viernes 13 de mayo de 2022

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Editorial

Los más perjudicados

A diferencia de la crisis de la Convertibilidad (2001-2002), en donde los niveles de desocupación...

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11 de mayo de 2022 - 00:40

A diferencia de la crisis de la Convertibilidad (2001-2002), en donde los niveles de desocupación llegaron hasta el 25%, la crisis actual no es por falta de empleo (la desocupación ronda el 8%) sino por la baja remuneración de los salarios. La pérdida del poder adquisitivo durante el período 2015-2020 ha sido notable. En 2021, según cifras del INDEC, hubo un empate técnico: la inflación subió 51% y los salarios un 53%. Pero mientras los sueldos de los estatales y de los privados registrados le ganaron al ritmo del incremento de los precios, los salarios informales perdieron, otra vez, por goleada.

Y los que perciben ingresos en negro no son un número pequeño o insignificante en el contexto general del mercado laboral. Según las últimas cifras publicadas por el INDEC en el mes de abril, en Argentina hay 12 millones de trabajadores asalariados en el sector privado, de los cuales solo 7 millones están registrados y los restantes 5 millones corresponden a empleo informal. Si bien durante el año pasado el empleo creció un 4,4%, la mayoría de los puestos creados fue de trabajo no registrado.

De modo que los sectores más perjudicados, además, por cierto, del 8% que aún no consigue trabajo, es ese casi 40% de trabajadores que desarrollan sus tareas bajo regímenes de precarización, que no solamente tienen ingresos muy bajos y que año a año se deterioran más por la pérdida del poder adquisitivo, sino que además carecen de otros beneficios que sí perciben los trabajadores registrados, como obra social y aportes jubilatorios, entre otros.

Las estadísticas oficiales consignan que, además de los 12 millones de empleados asalariados entre registrados y “en negro”, hay otros 5 millones y medio que son trabajadores pero no perciben salario: cuentapropistas, pequeños emprendedores, etc. -que pueden ser encuadrados dentro de lo que se denomina economía popular-, la mayoría de los cuales posee ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Resolver el problema de los actores de la economía popular requiere de un conjunto de políticas sobre las cuales, incluso, no hay opiniones unánimes. En el caso de los trabajadores no registrados, se impone un mayor control para evitar incumplimientos. La regularización de la situación laboral impactaría positivamente en los salarios de ese sector.

Sin embargo, deben, conjuntamente con la realización de controles, generarse medidas que colaboren con las micro, pequeñas y medianas empresas que justifiquen dificultades para implementar esa regularización. De modo que debe diferenciarse claramente a aquellos empleados que incumplen las normas por mera especulación de aquella que presentan restricciones evidentes para cumplir con las leyes. El Estado debe proteger tanto a los trabajadores informales, que cobran bajos salarios y no pueden acceder a beneficios contemplados por la legislación laboral y social, como a aquellas pequeñas empresas que aspiran, y no siempre pueden, a desenvolverse en el marco de la legalidad.

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