viernes 19 de abril de 2024
Se benefició con un estímulo educativo

Libre: "El joven ha cumplido la totalidad de la sanción impuesta"

Condena cumplida para el primer joven penado por la Justicia Penal Juvenil, en diciembre de 2020, por hechos de 2019.

“El joven ha cumplido la totalidad de la sanción impuesta en la que varias personas fueron víctimas de delitos contra la propiedad mientras que una de ellas resultó gravemente herida. Ya nada le debe a la sociedad en cuanto a lo que este proceso penal implica”, indicó el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito, al momento de concederle la libertad al primer joven condenado por el Tribunal Penal Juvenil.

A mediados de 2019, un adolescente de 17 años fue acusado por “robo”, “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa” y “robo agravado por lesiones”. El hecho más grave por el que había sido llevado a juicio sucedió a principios de septiembre de 2019. Con una botella rota, agredió a una maestra con intenciones de robo. Dadas las lesiones causadas, debió ser intervenida quirúrgicamente. Desde entonces, estuvo privado de la libertad, en el Centro Juvenil Santa Rosa.

En febrero de 2020, el juez Morabito, presidente de la Cámara de Sentencia Penal Juvenil, lo declaró penalmente responsable por los delitos que oportunamente se le habían imputado. En aquella oportunidad, había admitido su responsabilidad. Al mismo tiempo, reconoció su adicción a sustancias psicoactivas, desde su niñez. Sin embargo, por entonces tenía 17 años y no podía ser penado. En diciembre de ese mismo año –luego del que joven cumpliera la mayoría de edad-, el magistrado del fuero especializado llevó a cabo la audiencia de imposición de pena. Ambas audiencias, esta última y la anterior, en la que fue declarado penalmente responsable, fueron las primeras en su estilo dentro del Tribunal Penal Juvenil. En esta audiencia, se le fijó una pena de cinco años de prisión.

Durante un tiempo, cumplió con la condena en el Centro Juvenil Santa Rosa. En el último año, estuvo alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Días pasados, el joven recuperó la libertad, al considerarse cumplida la condena. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, se le redujeron un mes y 17 días, por “estímulo educativo”, el mismo beneficio que tienen las personas adultas condenadas, según la Ley Nacional 24.660.

Además, mientras estuvo privado de la libertad pudo escolarizarse y finalizar la escuela primaria. Al mismo tiempo, realizó cursos de capacitación y formación.

“Esta decisión que hoy tomo, se encuentra en plena consonancia con el objetivo principal de la ejecución de la sanción penal juvenil. Durante el cumplimiento de la sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que le permitan, a la persona sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, los instrumentos necesarios para la convivencia social, de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura exenta de conflictos de índole penal. Para ello, cada institución del Gobierno deberá garantizar los programas, proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta Ley”, indicó el magistrado en la resolución.

Problemática

“El sistema penal es utilizado reiteradamente para responder ante una escalada de violencia que los jóvenes sumidos en el consumo problemático, la falta de contención, la ausencia de necesidades básicas o derechos fundamentales que los sumergen en la miseria demuestran o explicitan previamente a una conducta transgresora. Esas consecuencias son propias de un Estado ausente que no evita que los niños y niñas sean lanzados a esa miseria privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”, reflexionó el juez.

Institucionalizado

La historia de este joven comenzó a escribirse en los expedientes hace tiempo. Con ocho años, ya conocía los pasillos del Juzgado de Menores –que por entonces tenía la competencia Asistencial-. Era un niño pequeño cuando comenzó a tener un consumo problemático de sustancias. Se inició con pegamento, marihuana y psicofármacos. Su situación familiar era bastante complicada y no había dudas de que era un niño en riesgo. En 2013, su historia se hizo pública. Tenía 10 años y había contado que cada vez que consumía “soñaba con comida y juguetes”.

El camino de las adicciones lo llevó a convertirse en un adolescente en conflicto con la Ley Penal, aún sin tener en edad para ser imputado. El encierro como castigo no era solución y el juez de Menores Rodrigo Morabito entendió que por su situación el Sistema de Protección debía tomar medidas. En septiembre de 2014, emitió el primer fallo sobre la necesidad urgente de intervención y compromiso estatal para una efectiva protección integral.

El informe de una trabajadora social, a la que Diario El Ancasti tuvo acceso, señaló que quizá el principal problema de este chico sea que “no hay familia ni referente”. Su familia tenía una economía de subsistencia, con un ingreso inestable e insuficiente. Si bien sus padres reconocían la situación en que la que se encontraba su hijo, se observaban “dificultades en los vínculos primarios”, lo cual produce una situación disfuncional. Según el informe, la internación, en este caso, es otro modo de abandono. Para revertir este panorama, se recomendó trabajar en recuperar y restaurar los vínculos.

En 2015, bajo los efectos de estupefacientes, había robado un oso de peluche de la Terminal de Ómnibus. El gabinete social había anunciado su derivación a otra provincia para su tratamiento de rehabilitación pero el traslado jamás se concretó. En noviembre fue internado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) -único establecimiento que el gabinete social dispuso para brindarle un tratamiento a este chico-. Ese año, tuvo varios retrocesos pese a estar bajo el cuidado del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. A menudo, caminaba por los pasillos del Juzgado de Menores porque volvía por robos y hurtos contra la propiedad.

En los últimos años, la vida de este adolescente se convirtió en una mala suerte de círculo vicioso, una ruleta rusa, entre las caídas en el Juzgado de Menores por distintos delitos y las recaídas por adicciones. A finales de abril del año pasado, el juez Morabito destacó que solamente en la última semana, había ingresado cuatro veces al Juzgado de Menores por dos robos y dos hurtos.

Su historia puede ser la misma historia de otros chicos que viven en una situación de vulnerabilidad. La Ley es clara. Luego, pasó el Sistema Penal. Hoy, su condena está cumplida.

El estímulo educativo

En este contexto, se valoró que el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección provincial de Modalidades Educativas certificó que el joven aprobó una capacitación de oficio. Por ello, corresponde una reducción de un mes y 17 días a la pena de cinco años que se le impuso.

“Ahora bien, ese objetivo principal, a su vez, está sujeto al cumplimiento de condiciones mínimas que deben estar garantizadas por el Estado: satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación; posibilitar su desarrollo personal; reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima; minimizar los efectos negativos que la condena pueda tener en su vida futura; fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal. De igual forma, la reducción dispuesta, está en consonancia con lo establecido en la misma Ley 5.544; se regula el derecho a la educación y formación profesional de los jóvenes privados de libertad. “El joven ha ejercido su derecho a la educación formal y capacitación profesional, cumpliendo con las exigencias establecidas por las autoridades educativas para la culminación de sus estudios primarios y la formación profesional adquirida”, remarcó el magistrado.

Lugar adecuado

Al respecto, se concluye que aún en la provincia no funcionan dispositivos para alojar a jóvenes acusados y condenados entre los 18, los 21 y los 25 años. Los Ministerios de Desarrollo Social y Seguridad fueron oportunamente intimados por la Justicia Penal Juvenil, en un fallo de diciembre de 2022.

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