A finales de diciembre, la Sala Penal de la Corte de Justicia confirmó la prórroga de prisión preventiva a dos hombres acusados por delitos contra la integridad sexual. Ambas causas se tramitan en la Oficina de Gestión de Audiciencia (OGA) del Poder Judicial para la realización de un juicio por jurados.
Ambos casos comparten similitudes. Los acusados deben responder por abusos sexual en la infancia (ASI) intrafamiliar. Uno de ellos se encuentra privado de la libertad desde el 29 de diciembre de 2021; el otro, desde el 30 de diciembre del mismo año. El primero fue acusado por ultrajar a la hija de su pareja. Este hecho habría sucedido en la Capital. El segundo debe responder por cinco hechos: “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de 13 años”, (hecho nominado primero), tres hechos de “abuso sexual simple y corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de 13 años” y “abuso sexual con acceso carnal (un hecho continuado) y corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de 13 años. Por estos hechos hay tres víctimas de su entorno familiar.
El fiscal de Cámara Miguel Mauvecín planteó la prórroga para ambos acusados. Los ministros de la Sala Penal de la Corte de Justicia Hernán Martel, Verónica Saldaño y Fernanda Rosales Andreotti resolvieron hacer lugar al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal y prorrogar la prisión preventiva en ambos casos.
Si bien ambos casos tienen puntos en común, también tienen sus diferencias. En relación con el primer caso, sucedido en Capital, se remarcó que a partir del 2 de agosto del año pasado la medida restrictiva continúa pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico.
“Previo a la audiencia de admisión de evidencia fijada para el 27 de noviembre, las partes se reunieron con la defensa del acusado, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para realizar un juicio abreviado, lo que se materializaría en un escrito que se iba a leer en la mencionada audiencia. Sin embargo, el acuerdo quedó sin efecto al informar la defensa que no iba a firmar el escrito; no estaba de acuerdo con la propuesta del juicio abreviado. Sostiene que esa retracción de la defensa también fue una dilación, de la misma manera en la que se dilató todo el proceso”, se advirtió.
Por ello, los ministros consideraron que dada la complejidad de la causa y la inminente celebración del juicio ante el jurado popular, corresponde hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva por el tiempo estrictamente necesario que requiera el desarrollo del debate y hasta el dictado de la sentencia definitiva. No obstante, a la vez se exhortó a los funcionarios judiciales “la mayor diligencia para que a la brevedad posible concluya el trámite del proceso con el dictado de la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Lo cierto es que, a partir de la elevación de la causa a juicio por el fiscal, el proceso se ha demorado en su tramitación debido, por una parte, a la oposición del abogado defensor al requerimiento del fiscal y, por la otra, al ofrecimiento de pruebas testimoniales por la defensa que, fijadas las fechas de audiencias para su recepción, el defensor solicitó en una oportunidad su suspensión y luego desistió, alegando como fundamento que lo hacía por ‘estrategia defensiva’.
En relación con el segundo caso, los ultrajes habrían sucedido en una localidad del oeste catamarqueño. Al respecto, se detalló que el fiscal Mauvecín enfatizó la existencia del peligro de fuga. El acusado es una persona de mucho poder en su comunidad. Además, fue integrante de la fuerza policial, con el cargo de sargento y en alguna ocasión fue candidato a jefe comunal. Debido a sus posibilidades económicas, podría darse a la fuga.
“La liberación del acusado podría entorpecer la investigación. Puede intimidar a las víctimas –el acusado es familiar de las tres víctimas y puede tener incidencia-. Al mismo tiempo mencionó el temor que podría infundir en las personas que el Ministerio Público Fiscal y la querella ofrecerán como testigos, mencionando al efecto la incidencia política y social que puede tener el acusado en tanto fue candidato a intendente de la localidad donde los hechos se produjeron y se desempeñó también como policía en el lugar”, se detalló.
A la vez, se remarcó el contexto de violencia en el que se habrían producido los ultrajes como así también el temor de las denunciantes. Asimismo, se valoró como indicio de peligrosidad el temor que podría infundir en los testigos ofrecidos en la causa. “El acusado revestía el cargo de sargento de la Policía en la localidad donde el hecho se produjo e incluso fue candidato a intendente en aquel lugar. Ello pone de manifiesto que el acusado es una persona con trascendencia y con algún grado de influencia en la comunidad en la que sucedieron los hechos”, se remarcó.
Ante la sospecha, duda o certeza de un abuso sexual a un niño, niña o adolescente se debe realizar la denuncia. Estos delitos son de acción pública.
Cualquier persona puede poner en conocimiento a la Justicia. No se depende de ninguna autoridad. No informar podría ser considerado como incumplimiento de deberes de funcionario público.
La Línea 102 de Ayuda a chicos y chicas es un canal para denunciar. El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, los 366 días del año.
