El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) elaboró un informe en el que señala la gravedad de la situación social de un sector mayoritario de los niños, niñas y adolecentes en la Argentina –el 57% vive en situación de pobreza y el 14% en situación de indigencia-, pero al mismo tiempo valoró la intervención estatal a través de una serie de políticas de transferencias de ingreso.
Según la organización, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Alimentar y las asignaciones familiares son importantes para evitar que la indigencia se dispare. Sin esta ayuda pública, la indigencia sería diez puntos porcentuales mayor que la que existe hasta ahora.
Las políticas de transferencias de ingreso son eficaces pero no universales. Se calcula que hay más de un millón de menores de 18 años que se encuentran excluidos de cualquier tipo de asistencia, pero deberían estar incluidos. Se registran fallas de información por falta de identificación de menores en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y hay casos también derivados de la ausencia de documentación por parte de personas migrantes.
Los chicos hasta 15 años de los sectores socialmente vulnerables son beneficiarios de dos programas: la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. En cambio, los que tienen 16 y 17 años solo reciben la asignación. De modo que estos últimos tienen más dificultades para satisfacer sus necesidades vinculadas a una alimentación adecuada. Es que la asignación por hijo apenas alcanza para cubrir el 37,5% de la canasta alimentaria. Los chicos de 0 a 15 tienen cubierto el 77% de esa canasta, lo que corrobora la importancia del programa de la Tarjeta Alimentar.
Este último programa debería cubrir toda la canasta e incluir a los adolescentes hasta 17 años. Pero es imprescindible, además, que se ha formalizado a través de una ley, como lo es la Asignación Universal por Hijo, de modo que se convierta definitivamente en política de estado que persista en el tiempo y que los montos se actualicen periódicamente en función del incremento general de precios de los alimentos.
Unicef, en su informe, sostiene que nunca, desde el retorno a la democracia, el nivel de pobreza del grupo etario de niños, niñas y adolescentes perforó el piso del 30%. Los mejores años fueron en 2012 y 2013. Desde 2018 hasta la actualidad, el porcentaje se ha disparado de un modo preocupante.
Si bien las políticas públicas de transferencias de ingresos deben continuarse y en algunos casos, como la Tarjeta Alimentar, convalidarse institucionalmente, la única manera de disminuir la cantidad de chicos que se encuentran bajo la línea de la pobreza es a través de un crecimiento sostenido de la actividad económica y de una redistribución más equitativa de los ingresos. Mientras esto no suceda, los aportes estatales tendrán como finalidad apenas contenerlos para evitar que caigan en la indigencia.n