Fue disertante en el Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia que se desarrolló en Tucumán.
La problemática de la violencia atraviesa a toda la sociedad, sin discriminación y suele manifestarse de distintas maneras. Es multicausal y requiere de un abordaje integral. No alcanza con la intervención de las fuerzas de seguridad o de la Justicia.
También se requiere de profesionales de otras áreas, de una mirada amplia y de empatía para ponerse en el lugar de esa persona atravesada por la violencia.
El Ancasti entrevistó a María Amanda Fontemachi, una de las juristas más reconocidas en el país en el ámbito de la Justicia Penal Juvenil y derechos de niñez, adolescencia y familia. Cuenta con trayectoria académica y es presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (ALAMFPYONAF). La especialista fue una de las disertantes del Precongreso Nacional del XVI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. En la ocasión, disertó sobre “Coparentalidad, violencia económica contra niñas, niños y adolescentes”. “Niñez, adolescencia y familia sigue en la agenda de toda la comunidad y, en estos momentos, en este Precongreso, en la agenda pública de los poderes públicos que tienen la responsabilidad de responder. Está organizado tanto por la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de la Magistratura de Tucumán, ambas presididas por Marcela Ruiz.
Hay muchos jueces y defensores y también muchos profesionales de otras ciencias; hay mucha interdisciplina y trabajo interinstitucional para mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes”, destacó.
Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas del grupo de diversidad sexual, personas migrantes o con discapacidad o personas adultas mayores forman parte del grupo de personas socialmente vulnerables. A fin de dar la mejor respuesta a sus necesidades, se requiere de una perspectiva que permita ver más allá de la propia experiencia y prejuicios para apreciar la complejidad de la realidad.
“Todos los sectores merecen que se respeten sus derechos. Desde cualquier lugar, hay que pensar que hay personas con alguna capacidad diferente. No me gusta hablar de discapacidad sino de capacidades diferentes. Con el nuevo Código Civil y Comercial y la Ley de Salud Mental, se nos está diciendo que tal vez esas personas no pueden hacer algunas cosas pero sí (pueden hacer) otras.
Ese vieja idea del incapaz que se le prohíbe todo ya no existe más. Este año cumplimos 10 años de la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Claramente, tenemos que pensar que las personas que tienen capacidades diferentes, que niñas y niños vulnerados y que la persona que sufre de violencia merece que se vea su caso desde su mirada”, advirtió.
Con relación a la violencia que pueden sufrir las mujeres, la jurista indicó que perspectiva de género es ver qué puede sentir esa mujer en esa situación. “A veces, se puede contradecir en lo que le pasa porque es producto de esa propia violencia que está sufriendo. Muchas veces critican porque una mujer hace una denuncia y después la quiere sacar.
Hay que ponerse en su lugar, fijarse quién tiene al lado y mirarla con esa mirada.
Un niño o una niña pudo ser vulnerado en sus derechos más íntimos y fundamentales y no sabe cómo contarlo. Hay que tener especialización para entender a cada persona vulnerada”, consideró.
