La motosierra que Javier Milei blandía en plena campaña electoral simbolizaba, según su propia interpretación, las podas que iba a realizar a los privilegios de la casta política. Lo que en su gobierno poda, sin embargo, no son las prerrogativas de los privilegiados sino recursos cuya ausencia genera enormes dificultades, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad social, provocando incluso muertes evitables.
Una de las últimas acciones de la motosierra libertaria fue acabar con el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), medida que afecta a miles de pacientes con cáncer en todo el país, muchos de ellos en estado terminal.
El recorte de los cuidados paliativos afectará la formación de profesionales en el área, lo cual tendrá gravitación en el mediano y largo plazo, pero también habrá un impacto inmediato muy grave en la provisión de medicamentos imprescindibles, como la metadona y la morfina, para tratar el dolor de los pacientes con cáncer.
El desmantelamiento del INC, a lo que debe sumarse también la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), son episodios del programa brutal de ajuste en materia de Salud pública, particularmente en la atención oncológica, en la Argentina del último año. Un informe elaborado por la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) consigna que se han suspendido en muchos casos la entrega de medicamentos oncológicos, lo que ha afectado directamente los tratamientos, provocando el agravamiento del estado de salud de los pacientes y en algunos casos la muerte, que se podría haber evitado. De hecho, el mismo informe de la Federación señala que durante 2024 han muerto por lo menos 60 personas debido a la falta de provisión de medicación oncológica.
Otro estudio, en este caso del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuantifican la subjecución presupuestaria del INC durante el año pasado, llegando a apenas el 55% de los fondos que ya de por sí habían sufrido una muy marcada reducción respecto de 2023. Esta subejecución se da en todas las áreas de la salud pública, como hospitales nacionales, Agencia Nacional de Discapacidad, la ANMAAT y la Superintendencia de Servicios de Salud, por ejemplo. Hay casos paradigmáticos, como el de Atención Sanitaria en el Territorio, cuyo presupuesto ejecutado cayó un 96% respecto de 2013, y el del Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51%).
La motosierra también incluyó en el último año el despido de cientos de trabajadores y profesionales esenciales para el sistema, la eliminación o paralización de programas para el abordaje de patologías como el VIH, las hepatitis virales, la tuberculososis y la lepra, y de planes que apuntaban a la prevención de numerosas enfermedades.
Lejos de amputar privilegios, la motosierra de Milei amputa derechos.
