Financiamiento universitario. Milei y Caputo deberán cumplir, por orden judicial, con la aplicación de la ley.
Tardó, pero finalmente empezó a ocurrir. Luego de meses de una desidia difícil de explicar -y aún más difícil de justificar- la Justicia comenzó a intimar al gobierno de Javier Milei para que cumpla con obligaciones elementales, como dictar actos administrativos exigidos por ley y brindar información pública que, por norma, no debería ser objeto de ocultamiento ni discrecionalidad. Hasta ahora, el incumplimiento había sido la regla, sin sanciones ni costos visibles para el Poder Ejecutivo.
Esta semana se conocieron dos resoluciones judiciales que, al menos en apariencia, introducen un quiebre en esa lógica de impunidad administrativa. La primera es la que ordena al Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y ratificada posteriormente tras el veto presidencial. El fallo no deja lugar a interpretaciones complacientes, al punto que la suspensión de la aplicación de la ley fue calificada como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución Nacional.
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que disponen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles, recursos indispensables para el funcionamiento cotidiano del sistema universitario público que el oficialismo pretendía licuar mediante el simple método del incumplimiento.
El segundo pronunciamiento relevante se originó en la Cámara Contencioso Administrativo Federal y tiene como destinatario al Banco Central, un organismo que, más allá de su estatus formal, hoy opera sin margen de autonomía real y alineado con la estrategia del gobierno libertario. La Justicia le ordenó informar sobre los envíos de lingotes de oro realizados al exterior, operaciones que permanecieron envueltas en un hermetismo absoluto, pese a tratarse de un asunto de evidente importancia estratégica.
El dato del envío del oro al exterior no fue aportado por la vía institucional. Se conoció a partir de publicaciones periodísticas y de una denuncia presentada por la Asociación Bancaria. Frente a los pedidos de información, el Banco Central respondió con una negativa cerrada, actitud que el tribunal consideró, con fundadas razones, una restricción indebida al derecho de acceso a la información pública.
La opacidad informativa también atraviesa otro frente especialmente sensible: la política alimentaria. El Gobierno, y en particular el Ministerio de Capital Humano, proporciona información mínima sobre la entrega de alimentos a comedores infantiles. La situación es tan grave que ya existen fallos judiciales en contra, sin que hasta el momento se hayan observado sanciones efectivas ni mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de lo ordenado.
Respecto de este tema, la semana pasada se conoció un dictamen del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que expone con crudeza el estado de cosas: resulta imposible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el Ministerio, así como identificar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales.
Da la impresión de que la Justicia -que históricamente suele adaptar sus tiempos a los climas políticos y evita fallar contra gobiernos recién refrendados en las urnas- empieza ahora a moverse, al menos en algunos expedientes. Frente a un oficialismo que muestra una escasísima vocación por respetar los procedimientos legales básicos, algunos magistrados parecen haber recordado su función esencial.
