La Justicia debe responder

Son varios los casos de bebés fallecidos en los últimos tiempos. La mayoría de ellos han sido denunciados en la Justicia sin que, a juzgar por las declaraciones de las personas que realizaron la protesta, la investigación para determinar las causas y las responsabilidades avance demasiado.

En la protesta se relataron las situaciones vividas por las madres de las criaturas. En términos generales, la visión que tienen es que, de haber sido atendidas en un centro de salud privado, la vida de los recién nacidos podrían haberse salvado. Las denuncias en general son por presuntas malas praxis, pero al mismo tiempo se mencionan maltratos hacia las parturientas bajo el concepto de “violencia obstétrica”. La violencia obstétrica, concepto que cada vez tiene mayor visibilidad, se refiere en términos generales a un trato deshumanizado hacia las mujeres en la atención de la salud e incluye abuso de medicación o negación de ésta cuando la paciente lo solicita o requiere; limitar y/o manipular la información solicitada por la paciente; insensibilidad al dolor o a las enfermedades femeninas por parte de los sistemas médicos; omitir la atención oportuna y eficaz en las emergencias obstétricas; acelerar un parto de bajo riesgo sin una razón justificada o practicar una cesárea sin el consentimiento expreso de la mujer, existiendo los medios y condiciones para hacerlo de manera normal, entre otras variantes.

Entre las acusaciones vertidas contra personal de la Maternidad Provincial, se mencionaron negativas a realizar cesáreas, ecografías y estudios complejos que podrían haber evitado la muerte de los bebés. Pero también otras imputaciones más graves, como provocar la quebradura de clavícula y cervical de un bebé. Según los denunciantes, de las autopsias practicadas a los niñitos surgen evidencias de las causas de los fallecimientos, lo que debería servirle a la Justicia provincial para determinar que se trata de casos de mala praxis.