La utilización de los casos María Soledad y Rojas para tratar de detener el desmoronamiento del relato que lo postula como impoluto turista de la política incorpora el desprestigio del Poder Judicial a los insumos que le permiten al diputado Javier Galán eludir explicaciones sobre la acusación en su contra que hasta el momento reúne más indicios incriminatorios: pagaba con sueldos de la Legislatura las prestaciones de trabajadores de su negocio particular.
La apelación a dos expedientes emblemáticos como ejemplos de la inoperancia judicial catamarqueña revela la lógica que articula el aparente caos de la gestión del escándalo que Galán, un “influencer”, un “tik-toker”, desenvuelve en sus redes sociales. No se somete a interrogatorios que no pueda controlar, despliega su discurso en las burbujas de Instagram, Tik-Tok y Facebook, en las que puede eliminar las opiniones adversas. De hecho lo hace: los cuestionamientos a su figura no existen en su ecosistema digital, solo respaldos en algunos casos devocionales.
Si exceptúan unas desafortunadas declaraciones a la prensa que hizo cuando su crisis recién comenzaba a escalar, la primera excepción a esta disciplina comunicacional ocurrió el miércoles, en la primera sesión de la Cámara de Diputados.
Primero se autoerigió en faro ético del cuerpo y le negó a todos sus pares autoridad moral para cuestionarlo. Insólitamente, los legisladores señalados como una caterva de impresentables se abstuvieron de respuestas.
Hay que anotar el round como una victoria de Galán, que afianzó la sensación de que aprovechar recursos públicos para solventar emprendimientos privados y bolsiquearle parte del salario a los empleados legislativos no es una conducta individual, sino un “modus operandi” estructural, una compulsión corporativa.
Desacreditados con tanta eficacia quienes eventualmente tendrían que expedirse sobre su desafuero, el diputado avanzó sobre el Poder Judicial que debería plantear el procedimiento para indagarlo y llegado el caso procesarlo.
Meneó las crudas fotos del cadáver de Juan Carlos Rojas, cuya muerte sigue sin esclarecerse. Enarboló la imagen de María Soledad Morales y con ella el recuerdo de un trámite vergonzoso y contaminado por objetivos facciosos.
Más de treinta años separan ambos episodios político-policiales.
Son los extremos temporales en un desprestigio judicial cronificado.
En ese extenso período, la corporación judicial catamarqueña experimentó dos grandes mutaciones.
Una fue expedita, en los ’90, cuando todos los magistrados fueron puestos en comisión y el FCS reconfiguró una Justicia a la medida de sus apetencias. La segunda se operó paulatina, desde 2011 , con el reemplazo de los planteles designados por el radicalismo.
La reciente jubilación de Edgardo Rubén “Cococho” Álvarez es un punto de inflexión adecuado para sintetizar los recambios. Su figura atraviesa toda la etapa: obediente ejecutor de las represalias judiciales contra el saadismo como fiscal, juez del tribunal que condenó a Guillermo Luque y Luis Tula por el asesinato de María Soledad en 1998, terminó su carrera el año pasado como miembro de la Cámara de Apelaciones.
Pero ninguna de las dos transformaciones consiguió revertir la desconfianza hacia una Justicia permanentemente asediada por críticas que conjugan desidia, dependencia del poder político, incompetencia y corrupción.
Es interesante analizar la operación que intenta Galán desde la perspectiva que el cientista político Andrés Malamud expuso en una entrevista con Carlos Pagni, en en el programa “Odisea Argentina”.
Para Malamud, “la gran decadencia de la democracia argentina” obedece al envilecimiento del Poder Judicial federal complicado con los servicios de inteligencia, antes que a los defectos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Si querés comprar una propiedad en Brasil, la comprás en reales; si tenés un problema judicial, vas al juez brasileño. En la Argentina, las propiedades se tasan en dólares y, si querés traer inversiones, tenés que aceptar la justicia neoyorquina. Los empresarios e inversores extranjeros hablan con el Presidente y hablan con el Congreso, pero no esperan nada de los jueces argentinos. Ese es el poder que falla”, ilustró.
Galán acaba de aplicar el razonamiento a la Justicia catamarqueña, afirmado en el mutismo a esta altura cómplice de la política.
“¿Esta es la Justicia que queremos?”, desafió, con la foto de María Soledad en mano. La pregunta retórica anticipa su próxima jugada: inscribir un posible desafuero en la conjura que busca acallarlo.
Es decir: a las eventuales pruebas de sus tropelías, opondrá la coartada de la degradación judicial.
Negando los abusos sexuales y relativizando las expropiaciones salariales como contribuciones voluntarias a su filantropía, Galán ha conseguido sembrar dudas, partir la cancha de la opinión pública y extender la hipótesis de que se ha puesto en marcha una gigantesca conspiración tendiente a destituirlo.
Es llamativo que no aproveche la inercia de este éxito y su envidiable posición como “influencer” para completar la faena y desacreditar también el peculado de servicios.
Sería lo más fácil de desmentir. Con demostrar que los agentes legislativos que lo denunciaron no trabajaban en el corralón “San Javier”, no solo para zafaría del brazo judicial en esa transgresión específica, sino que asestaría un golpe definitivo al complot que lo acecha, cuyos ejecutores perderían toda credibilidad.
¿Cómo harían para refutarlo si la acusación fuera falsa? Sin pruebas, quedarían incursos en el delito de falsa denuncia y hay que tener en cuenta un detalle central: a diferencia de los acusados, como Galán, los testigos carecen de la posibilidad de mentir ante la Justicia sin exponerse a una causa por falso testimonio.
Iván Luna Avellaneda, el joven que la primera denunciante ofreció precisamente para atestiguar que Galán la hacía trabajar en su local comercial a cambio del sueldo de la Cámara de Diputados, habrá tenido clarísimo tal riesgo cuando denunció que el legislador lo presionó para que la desmintiera en sede judicial.
Luna Avellaneda también cobraba un sueldo de la Legislatura por las tareas que realizaba en el corralón San Javier y aseguró que Galán lo amenazó para que cometiera perjurio en detrimento de su compañera. Tal vez era mucho pedirle ¿Cuántos empleados habrá en el Corralón “San Javier” dispuestos a asumir las consecuencias de una causa penal por falso testimonio?
Si ya es sugestivo que Galán se abstenga de instrumentar tan determinante desmentida, resulta aún más sospechoso que ningún diputado le haya reprochado que financie su negocio privado con fondos públicos.
La presidenta de la Cámara baja, Paola Fedeli, no se ha pronunciado ni tomado ninguna medida sobre lo que constituye un potencial fraude en perjuicio del cuerpo.
Que la confabulación contra Galán derive en una denuncia por incumplimiento de los deberes como funcionario público contra la legisladora sería irónico, si no fuera improbable. Como ningún legislador ha insinuado siquiera la posibilidad de una investigación administrativa interna, tendrían también que responder por la misma contravención.
El “silenzio stampa” de los parlamentarios le resulta tan funcional, que Galán se permitió caracterizarlos a todos como un conjunto de redomados malandras empecinados en despojarlo de los fueros, que a su criterio fueron creados para proteger a sujetos tan nobles como él de los ataques de camanduleros tan taimados como sus colegas.
La respuesta de los imputados podría interpretarse como una confesión: nadie le exigió que fuera más concreto en sus imputaciones, ni se sintió ofendido por el calibre de los agravios. Se limitaron a expresar el hartazgo por pelea que Galán mantiene con la diputada Sonia Nabarro, como si el peculado de servicios no afectara al honorable cuerpo que integran y fuera una rencilla intestina del MID.
El que calla, dicen, otorga.