En el año 2024 el municipio de Tinogasta denunció el estado de vulnerabilidad en que vivía Natali Delgado (18). El Juzgado impuso restricciones pero no se dio inicio a una causa penal.
La liberación de Cristian Nicolás Sánches (21), alias "Canguro", imputado por instigación al suicidio de su pareja Natali Delgado (18), derivó en un fuerte reclamo en Tinogasta, al conocerse que la Justicia tramitó hace dos años una denuncia por violencia contra el sospechoso. La libertad fue dispuesta el viernes por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, Patricia Susana Almendra de González, a cargo del Juzgado de Control de Garantías en feria.
Tras conocerse la resolución, familiares y amigos de la víctima se manifestaron durante la noche frente al domicilio particular de la magistrada en señal de protesta. "Nunca imaginamos que pudiera llegar a tomar la decisión de liberarlo. El tipo es un ladrón y un violento. Acá todos lo conocen, pero le tienen miedo", coincidieron en el reclamo.
La causa se inició el lunes 19 de enero. La joven se quitó la vida y su cuerpo fue hallado por Sánches. Bajo las directivas del fiscal de Instrucción Penal de Tinogasta, Germán Quinteros, Sánches fue arrestado en forma preventiva y se realizó una autopsia al cuerpo. A partir del informe pericial y una serie de testimonios, el fiscal imputó a Sánches por “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor (primer hecho), y por instigación al suicidio en calidad de autor (segundo hecho), todo en concurso real". Solicitó la audiencia de control de detención, pero la jueza dispuso la inmediata libertad del sujeto. La novedad fue confirmada por el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal, se viralizó rápidamente y activó la protesta en Tinogasta.
La denuncia
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, en el año 2024 el Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Tinogasta radicó una denuncia contra Sánches, por supuestos hechos de hostigamiento y violencia de género. Por la naturaleza de la denuncia, que involucraba a una menor de edad, la presentación fue girada desde la sede policial al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, a cargo de Almendra de González, quien ordenó medidas e impuso restricciones para el sospechoso.
Otras fuentes confirmaron que a partir de la denuncia se dio intervención a la Secretaría de Violencia, pero no se inició una causa penal para determinar las responsabilidades de Sánches respecto a las acusaciones por malos tratos y agresiones físicas. Durante la fuerte manifestación del viernes sus allegados recordaron que Natalí, teniendo 16 años, convivía con el sospechoso "y no la pasaba bien".
"Sabemos que sufría violencia de género desde hace más o menos dos años y que él nunca respetó las restricciones. La directora de la Casa de La Mujer nos guio con lo que teníamos que hacer, pero algo falló, porque el caso quedó guardado en el Juzgado de Familia", advirtieron. "Cumplió los 18 años en noviembre y, como era mayor de edad, no podíamos hacer más nada. Pasaron tres meses y la mató. Sabemos que la golpeaba y la amenazaba, le sacaba fotos hasta cuando iba a defecar", manifestó un familiar.
Consideraron que Sánches "fue beneficiado con una liberación arbitraria porque su madre es empleada de la jueza", y que "necesariamente nos va a tener que dar una respuesta porque lo que hizo no puede ser aceptado por nadie". Recordaron que Natali "era muy reservada, alegre y sobre todo muy activa. Por eso no podemos entender qué pasó. Estaba muy dominada y no nos escuchaba". En diálogo con este diario, otros manifestantes informaron que el hombre estuvo vinculado a robos de motos y que tuvo varias denuncias por hechos de inseguridad. "Lamentablemente ella tampoco fue escuchada y buscó una salida de la peor manera. Alguien tiene que dar una respuesta porque esto pudo haberse evitado", finalizaron.
María José "Majo" Arias Gilbert (29) tomó en marzo de 2019 la trágica decisión de quitarse la vida en la Capital. Poco después fue detenido su expareja, Bruno Matías Vuirli Saragusti. La familia de la joven lo denunció por instigarla a tomar esa decisión, y otras exparejas lo denunciaron por diversos hechos de violencia.
En el año 2022, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación lo condenó a 16 años de prisión por “abuso sexual simple”, “abuso sexual con acceso carnal”, “hurto”, “lesiones leves”, “daños”, “violación de domicilio”, “amenazas simples”, “lesiones leves calificadas por haber mediado relación de pareja” y “coacción”. La condena incluyó “instigación al suicidio”, estableciendo un fuerte precedente en la Justicia catamarqueña.
A la causa “Majo” le sucedieron las de Karina Chazarreta, la docente Claudia Leguizamón, María del Valle Marcial y Natalí Delgado, todas con sospechas de que fueron víctimas de instigación al suicidio. Las primeras continúan con pericias y autopsias psicológicas; las tres últimas aún no han tenido una resolución judicial.
