“Es una cuestión de salud pública”, remarcó María Carrizo, integrante de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir. El jueves último, junto con sus colegas Rocío García Garro y Marina Gudiño se llevó a cabo el taller sobre Herramientas legales para garantizar los derechos sexuales y (no) reproductivos. La actividad se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y se replicó al día siguiente, con personal de Salud.
- El Ancasti >
- Edición Impresa >
- Policiales >
La interrupción del embarazo no es delito, "es un derecho"
Gudiño, integrante del equipo legal de Católicas por el Derecho a Decidir y parte de la Guardia Feminista de Abogadas, comentó: “Trabajamos sobre salud sexual y reproductiva en el marco de Derechos Humanos y desde la perspectiva de género”.
Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Guardia de Abogadas Feministas, precisó que uno de los temas más importantes a tratar era sobre la Ley Nacional 27610 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “El cierre de la actividad fue muy fructífero. Realmente se dio un intercambio muy interesante. Compartimos más de cinco horas abordando sobre los derechos sexuales y no reproductivos, en el marco de los Derechos Humanos y del respeto a la salud y en un tramo más específico sobre la Ley Nacional 27610, su alcance, sus derechos y su aplicación. Luego, en un formato taller, vimos distintos casos. Fue un intercambio muy enriquecedor y de utilidad, que permite acercar derechos y difundir la ley para que se pueda cumplir cada vez más”, detalló.
Al respecto, María Carrizo destacó que al inicio de la actividad se dejó en claro que se trata de salud pública. “Con esta Ley se descriminaliza la práctica. Es una cuestión de salud pública”, indicó. Durante la actividad, se abordó sobre el acceso a la información y los derechos sexuales y reproductivos. “Comenzamos la capacitación diciendo que esto es una práctica de salud. Es necesario. Como es una práctica de salud, estaremos con el Sistema de Salud para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos”, contó.
Institución
“Católicas por el Derecho a Decidir es una asociación que este año cumple 30 años y en el marco de que hace pocos días fue el Día de la Salud de las Mujeres hemos decidido trabajar con muchas personas de distintas instituciones y poderes del Estado que se acercaron para conocer mucho más sobre las prácticas relacionadas con el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Somos abogadas feministas que estamos en todo el país. Para nosotras es una alegría poder trabajar sobre el acceso a los derechos. Aún con 40 años de democracia, continúan las obstrucciones a la soberanía sexual y a la libertad reproductiva de las mujeres”, consideró.
El fallo FAL y la ESI, dos pilares fundamentales
Las representantes de Católicas por el Derecho a Decidir advirtieron que la Ley 27610 tiene dos pilares: el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012 sobre aborto no punible y la Ley Nacional 26150 de Educación Sexual Integral (ESI). “El fallo FAL fue clave, el principio rector que permitió una interpretación clara de lo que en aquel momento eran los abortos no punibles. En algún punto fue el puntapié inicial para que la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se conforme y que siente el precedente. Cuando se sanciona la Ley 27610 ya había una plataforma para el cumplimiento. Argentina tenía un sustento de profesionales que se habían formado desde el fallo FAL, que venían aplicando el protocolo y permitió que la Ley se cumplimente de una manera más rápida. No obstante, hay dificultades y las mayores dificultades están en los centros de salud más alejados o rurales y con los sectores privados”, advirtieron.
Además, indicaron que la Ley de Interrupción del Embarazo menciona a la Ley de ESI, como un eje central. No obstante, en relación con la ESI todavía “falta muchísimo”, debido a que no se aplica de manera correspondiente.
“Es un eje clave por el derecho a la información, para que se garanticen los derechos. Hay que seguir quitando todos los prejuicios sociales y culturales que hay en relación con la interrupción del embarazo", consideraron.
