La Fiscalía se opuso al cierre de la investigación federal del caso Bacchiani
Para el fiscal Rafael Vehils Ruiz "aún se encuentran pendientes de producir medidas de prueba" solicitadas por el Ministerio Público, la querella y el propio juez Miguel Ángel Contreras.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal (TOF), Rafael Vehils Ruiz, se pronunció en contra del cierre de la instrucción que lleva adelante el Juzgado Federal n°1 de Catamarca, a cargo de Miguel Ángel Contreras, contra Edgar Adhemar Bacchiani y su séquito “por considerar que el mismo resulta prematuro y contradictorio”.
En este sentido, la Fiscalía a cargo de Vehils Ruiz argumentó su postura al sostener que “aún se encuentran pendientes de producir medidas de prueba propuestas por este Ministerio Público, por las partes e incluso ya ordenadas por el mismo magistrado que hoy deriva la causa”. De esta forma, solicitó que se disponga la continuidad de la investigación y se suspenda el cierre de la instrucción “hasta tanto la causa se encuentre en condiciones de requerir elevación a juicio”.
Vehils Ruiz reemplaza al fiscal federal Santos Reynoso en la causa Bacchiani, porque este último fue apartado del expediente al tener un vínculo directo con uno de los damnificados del "trader god". Reynoso había sido recusado por la querella.
Como se informó, el viernes, mientras arrancaba el juicio contra el “trader god” en la sala penal nº10 de la Justicia cordobesa, el juez Contreras decidió cerrar la instrucción de la causa y corrió traslado a la Fiscalía Federal y a las querellas para que se expresen al respecto de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación. El cierre de la instrucción se trata de una instancia previa a la elevación a juicio.
En su decisión, Contreras señaló que con las actuaciones que componen el expediente y atento a que se encuentran firmes los procesamientos en contra de Bacchiani, sus ex socios José Blas y Alexis Sarroca, sus ex parejas Zaraive Celeste Garcés Rusa y Sofía Piña, su ex abogado Lucas Retamozo y su ex contador Iván Segovia, la instrucción sobre la responsabilidad penal sobre los hechos que les son imputados se encuentra concluida. No obstante, aclaró que "continúa la instrucción respecto de los imputados cuyos procesamientos no se confirmaron en su totalidad, como así también en relación con los sindicados con dictado de falta de mérito".
Para oponerse a la medida de Contreras, el fiscal ante el TOF consideró que la decisión del juez “es cuanto menos prematura, en tanto existen numerosas medidas requeridas por las partes, e incluso algunas ordenadas por él mismo (el juez) y que aún no se practicaron”.
“Debe tenerse presente que se trata de una causa altamente compleja, de gran volumen, con importante cantidad de imputados y afectados, con intervención de organismos nacionales que coadyuvaron en la realización de una prueba altamente compleja teniendo en cuenta que se trata de operaciones de criptomonedas y el uso de mecanismos electrónicos, es decir se trata de una causa que requiere de un análisis y una investigación especial, en donde -como dijimos- aún restan numerosas medidas probatorias por producir”, sostuvo el fiscal en su respuesta.
Más adelante, indicó que “no solo considera que la instrucción no se ha completado”, sino que “la prueba pendiente resulta necesaria y útil para poder elaborar con elementos suficientes el requerimiento de elevación a juicio”. En este sentido, consideró que la prueba que debe ser merituada, analizada, “puede dar lugar a la necesidad de nuevas medidas probatorias, si el caso así lo amerita”.
“Es decir, de la producción de estas pruebas pueden surgir indicios que serán necesario profundizar, o nuevos datos que habrá que verificar, es decir que objetivamente no puede considerarse la causa concluida”, dijo el fiscal.
Finalmente, apuntó contra el juez al sostener que su decisión “es prematura e incluso contradictoria”, ya que “reconoce la necesidad de producir algunas pruebas (que aún no se llevaron a cabo) y sin embargo da por concluida la investigación”.
Por todos estos elementos, solicitó a Contreras que revoque la decisión de tener por concluida la investigación y retome el curso de la causa. “Una vez que toda la prueba pendiente se encuentre producida y no surjan nuevos indicios que requieran ser profundizados, proceda a remitir a esta Fiscalía a los fines del artículo 346 del CPPN”, cerró.
Detrás de la investigación cordobesa
Tal como ocurrió en 2022, cuando solicitó la detención de Bacchiani, el juez federal Miguel Contreras volvió a tomar una medida trascendente en la causa luego de una acción de la Justicia de Córdoba. La decisión de cerrar la instrucción en la causa Bacchiani se dio el viernes, el mismo día que arrancó el juicio contra el "trader god" en la vecina provincia.
En 2022, el juez detuvo a Bacchiani un día después que la Justicia de Córdoba solicitara su arresto. En este contexto, el 19 de abril de ese año la fiscal de Instrucción de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Paula Rissi, ordenó detener y allanar a Bacchiani en Catamarca y envió los oficios correspondientes a la Justicia ordinaria provincial. Sin embargo, cuestiones procesales de los tribunales locales retardaron la tramitación de las medidas, lo que dio pie a que la Justicia Federal avanzara con su proceso contra Bacchiani y el 22 de abril tomara la decisión de detenerlo, acusándolo de “intermediación financiera sin autorización”, entre otros delitos.