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Sin avances en la investigación del allanamiento errado

La familia de la mujer que sufrió un infarto quiere ser querellante en la causa

Afortunadamente, la mujer de 75 años evoluciona favorablemente. Sin embargo, continúa bajo control médico y con estudios.

23 de junio de 2026 - 00:10

A casi dos semanas del allanamiento fallido en una vivienda de Las Mil Viviendas, la mujer de 75 años que sufrió un infarto evoluciona favorablemente. Sin embargo, la causa no tuvo ningún avance y la familia analiza la posibilidad de ser querellante.

De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la mujer “sigue mejorando, obvio con tratamiento, mucha medicación, control y estudios”. Cada día, se registra su evolución y se estima que en las próximas semanas se realice un nuevo estudio.

Con relación a la causa, se indicó que desde la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación se citó a dos personas que se encontraban en el domicilio en cuestión, al momento del allanamiento errado. Ambos contaron su versión de los hechos. Según se indicó, no hubo más novedades sobre algún avance.

A la vez, la familia damnificada analiza la posibilidad de ser querellante particular en la causa. Si bien, de momento, no cuentan con representación legal, ya efectuaron consultas al respecto.

El procedimiento fallido ocurrió el pasado 11 de junio. Una familia del barrio Mil Viviendas denunció que efectivos policiales y personal judicial allanaron por error su vivienda el jueves al mediodía. El allanamiento efectuado por personal de la División Investigaciones de la Policía junto a integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) Sur y agentes de la Unidad Judicial N° 2 debió efectuarse en un domicilio que está a metros de la casa de los damnificados, perteneciente a una familia de apellido Aragón.

Vecinos del lugar aseguraron que "todo el barrio sabe quiénes son los Aragón. Durante años tuvieron custodia policial en la puerta por una causa de narcotráfico, y después porque uno de ellos asesinó a Gonzalo Moreno. A cada rato hay allanamientos en esa casa". Efectivamente, en esa casa -que fue allanada en busca de una moto robada-, vivió Ariel Antonio Aragón, quien en 2024 fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Moreno cometido en el año 2022.

Como consecuencia del estrés generado por la violenta irrupción policial y judicial en su domicilio, la dueña de casa -de más de 75 años- sufrió un infarto y debió ser internada en terapia intensiva de un sanatorio céntrico. Ante este hecho de gravedad institucional, tanto desde el área de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia como de la Sala de Sumarios de la Corte de Justicia se anunció que se iniciará una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en el operativo, en el que se vulneraron los derechos civiles de los ocupantes de la vivienda. Sin embargo, tampoco hay novedades al respecto.

"El portón quedó inhabilitado porque cuando entraron lo hicieron con violencia. Estaban mi mamá y mi papá, que son grandes. Cuando se sintió el ruido del portón, él fue a ver qué pasaba y cuando entraron les apuntaron con las armas", explicaron desde el entorno familiar de la pareja. Se supo que al momento del procedimiento en el inmueble también estaba una de las hijas de los damnificados, quien pudo dar aviso a otros familiares de lo que estaba sucediendo. "Mi mamá se descompuso. Les dijimos que estaban equivocados, les pedimos varias veces que nos mostraran la orden de allanamiento y nunca lo hicieron. Cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error no supieron qué hacer. Había gente de civil y uniformados, y se culparon entre ellos", agregaron.

Manifestaron que personal judicial que estaba en el lugar intentó justificar la equivocación, aduciendo que un policía nuevo "sindicó mal la casa", y advirtieron que, a pesar de que se confirmó que ese no era el lugar que debían allanar, de igual manera registraron las habitaciones y hasta debajo de las camas.

La familia radicó una denuncia penal en Fiscalía General, donde postergaron la entrega de una copia del escrito por unos días, con el pretexto de que el fiscal que intervendrá en la investigación penal debe plasmar su firma para validar la presentación y la posterior emisión de la copia escrita. "Nos hicieron dar muchas vueltas, desde la Unidad Judicial N° 2 y la Comisaría Sexta", aseguraron.

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