El defensor advirtió que nunca tuvo tratamiento psicológico ni se tuvo en cuenta su salud mental. Consideró que la progenitora no brindó los cuidados parentales correspondientes.
El mismo abogado que defendió a Juan Carlos Aguilar (53) en la causa por abuso sexual en perjuicio de su pareja María Milagros Vázquez (23) cuando ésta tenía entre 16 y 17 años y salió absuelto por el beneficio de la duda, lo defenderá por el femicidio de la joven, ocurrido a mediados de julio de este año en el departamento La Paz.
Fuentes judiciales informaron que Fernando Ariel Salavarria asumió la defensa particular de Aguilar, quien se encuentra imputado por “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja (ella continuó el vínculo siendo mayor de edad) y por femicidio, en concurso ideal y en calidad de autor”. En caso de ir a juicio podría ser condenado a prisión perpetua. La defensa apuntará a la salud mental del sospechoso y a la progenitora por no proveer supuestamente los cuidados parentales. También acusará al Estado provincial y particularmente al Poder Judicial, que lo absolvió por la falta de pruebas derivada de una deficiente instrucción penal preparatoria.
En diálogo con El Ancasti, Salavarria adelantó que solicitará a la Fiscalía de Recreo “que incorpore el expediente de la causa de abuso a esta nueva causa con toda la vivencia porque hubo muchos culpables. Esto no habría terminado en femicidio si la fiscalía hubiera trabajado como debió haberlo hecho, si las circunstancias hubieran sido distintas o si la madre de la chica no hubiera estado de parte de Aguilar”.
“Los abogados tenemos la obligación de medio, no de resultados” agregó, apuntando a quien por entonces estuvo en esa fiscalía, Virginia Duarte Acosta, a los jueces que intervinieron desde el Juzgado de Control de Garantías, el Juzgado de Familia y la defensoría de menores.
Sostuvo que la madre de Milagros –con quien Aguilar convivió en momentos que supuestamente abusaba de la menor-, “era la que más quería que él quede en libertad cuando fue detenido por la golpiza que le dio a ella y por la causa de abuso. Una situación que nació de la violencia económica porque era el único que llevaba plata a la casa donde todos vivían. Aguilar nunca recibió tratamiento psicológico ni fue a controles por parte del Estado”. Consideró además que “la madre estaba obligada a cuidar mejor a su hija” y que “la fiscal debió haber hecho su trabajo como correspondía”, para ayudar a que esa situación no continuara.
Otras fuentes vinculadas a la causa informaron que la querella, a cargo de Marcela González, también pedirá a la fiscalía, actualmente a cardo de Jorgelina Sobh, que gestione el desarchivo y la incorporación de la causa por abuso, que fue juzgada en el año 2018 en la Cámara Penal N°1. Igualmente, la abogada apuntará a la Justicia en particular y al Estado provincial por las vergonzosas deficiencias que derivaron en el abandono de una familia y la orfandad de tres niños, que fueron concebidos en contexto de absoluta vulnerabilidad, hacinamiento y estructurales carencias sanitarias, económicas y culturales.
El caso de femicidio tuvo repercusión nacional porque puso en evidencia la historia de violencia y abuso sexual previa irresuelta. El pasado fin de semana, la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, reconoció que “a esa familia y a esa mujer les falló todo el Estado, incluido el Poder Judicial".
Por Carlos Bulacio
