La designación de un equipo normalizador para el IES “Clara J. Armstrong” y las sospechas sobre un grupo que oscila entre 35 y 100 títulos docentes irregulares han creado una duda sobre lo que podría ser un increíble fraude al Estado en el peor de los casos, y un fraude a la sociedad en general en el más bondadoso de los escenarios.
El pasado 11 de agosto, el Gobierno informó que el 26 de abril presentó una denuncia penal porque advirtió una serie de irregularidades en el control de títulos docentes emitidos entre 2024 y 2025. Al contrastar los datos en los títulos digitales con la documentación aportada por las autoridades del IES, notaron “datos incompletos o contradictorios” y se encontraron “copias presuntamente apócrifas de Actas de Libro Matriz y copias presuntamente apócrifas o duplicadas de Actas de Exámenes”.
Detectaron formalmente 35 títulos de distintas carreras de formación docente con inconsistencias; abrieron un sumario administrativo y se designó un equipo de “normalización administrativa, pedagógica e institucional del IES”. Se omitió mencionar que la rectora sumariada es Robertina Mediavilla, a quien, sin nombrar, también han apuntado desde el gremio SIDCA.
El secretario general, Sergio Guillamondegui, denunció que la maniobra “viene desde 2018” y que están bajo sospecha no 35 sino 100 títulos docentes. “Compraron títulos desde maestras jardineras hasta el profesor de Geografía”, denunció y explicó que “es tan delincuente el que compra como el que vende”. Según explicó, el circuito requería el uso de credenciales institucionales y en el IES había dos: una era de la rectora.
Para pasar en limpio. Entre los docentes que se titularon desde 2018 a esta parte, hay 100 que ejercerían con títulos apócrifos. Si bien representan una fracción mínima, no deja de representar una estafa frente al universo total de docentes que trabajan en las aulas catamarqueñas y que para hacerlo cursaron, rindieron y se recibieron como corresponde y no merecen cargar con la sospecha por un grupo de 100 avivados.
Ahora bien, si la maniobra efectivamente se sostuvo desde 2018 hasta la actualidad, como sugieren en SIDCA, la pregunta que la sociedad tiene derecho a hacerse es simple: ¿cuántos de esos títulos truchos terminaron habilitando a personas para ejercer la docencia, cobrar un sueldo estatal y, en algunos casos, alterar el orden de mérito en la Junta de Clasificación en perjuicio de quienes se formaron legítimamente? Cada título apócrifo es solamente un fraude documental. Es, potencialmente, un fraude al Estado sostenido en el tiempo, mes a mes, con fondos públicos destinados a pagar una idoneidad que nunca existió.
Esa es la dimensión que trasciende el expediente penal. No se trata únicamente de establecer responsabilidades en la falsificación de actas y libros matrices (tarea que le corresponde a la Justicia), sino de que el Estado provincial tenga la obligación de determinar, con la mayor rapidez posible, cuántas personas están hoy paradas frente a un aula, o cobrando un salario docente, sobre la base de una idoneidad que jamás demostraron.
Mientras esa determinación no exista, la duda persiste.