La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dará el primer paso este jueves cuando inicie el procedimiento para sentar en el banquillo de los acusados a los cuatro magistrados de la Corte Suprema a raíz de una serie de actuaciones que el oficialismo considera arbitrarias y fuera de todo marco ajustado a derecho.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó a los 31 integrantes del cuerpo a darse cita en la Sala 1 del anexo a partir de las 11, para iniciar una intensa hoja de ruta que tendrá en la línea de largada la reunión para pasar en limpio la agenda y modalidad de trabajo, y despejar las dudas de los legisladores.
Juntos por el Cambio anticipó que sus representantes en la comisión no colaborarán en dar quórum, aunque también aclaró que si el oficialismo reúne el número ellos participarán del debate.
"El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario", había detallado Gaillard en declaraciones radiales.
Es decir que la reunión clave de la comisión será el 9 de febrero cuando se procederá al análisis de la verosimilitud de las denuncias realizadas y se evaluará la admisibilidad de los pedidos de juicio político.
Si del estudio previo del expediente surgen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a dictaminar la apertura del sumario.
Concluida esta etapa preliminar, se iniciará una segunda fase denominada "informativa" o "sumarial", que consiste en la producción de toda la prueba para formular luego la acusación (o no).
El sumario se sustancia con informes, inspecciones, registro y secuestro de elementos, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas con intervención de un juez, citación a testigos y a los acusados para que hagan uso de su derecho de defensa.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que haga su descargo mediante un informe escrito u oral.
La incomparecencia del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
Terminada esta etapa, sobrevendrá la fase "resolutiva", que es cuando las actuaciones pasan a estudio de la comisión para su dictamen definitivo.
Si la Comisión resolviera que es improcedente el juicio político, así lo declarará en su dictamen, aconsejando su rechazo al Plenario de la Honorable Cámara de Diputados.
Pero si a criterio de la Comisión hubiese motivos fundados para el enjuiciamiento, lo hará constar en su dictamen, pronunciándose sobre cada uno de los cargos, elevando lo resuelto a la Honorable Cámara de Diputados.
Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo -si logra contener cualquier peligro potencial de fugas- tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
Había dudas sobre qué iban a hacer los representantes massistas, ya que el ministro de Economía, Sergio Massa, nunca se pronunció sobre la polémica respecto de las denuncias contra la cúpula de la Corte.
Es sabido que los pedidos de juicio político generaron rechazo en el ambiente empresarial, donde alertan sobre un supuesto impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en un país donde se ponen en tela de juicio los arbitrajes judiciales de la máxima instancia.
Eso podría generar turbulencias en la gestión económica de un ministro que debe sostener frágiles equilibrios con los distintos actores del mercado.
Además, el juicio político a la Corte impedirá que avancen proyectos prioritarios para la cartera económica como la ley de blanqueo.
En este contexto, la semana pasada, la diputada massista Vanesa Massetani anunció que se bajaba de la comisión por un asunto personal que nunca se clarificó.
