viernes 19 de abril de 2024
Cara y Cruz

La caja de Grabois

La inconsistencia entre la retórica y los hechos suele convertirse en uno de los argumentos más eficaces...

La inconsistencia entre la retórica y los hechos suele convertirse en uno de los argumentos más eficaces para quienes cuestionan la importancia del Estado como ordenador del acontecer público. El dirigente social Juan Grabois emerge por estos días como ejemplo paradigmático de estas contradicciones.

Como se sabe, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei ha seleccionado como objeto sujeto a motosierra los “fondos fiduciarios”, condenados en masa como “cajas negras” cuya defensa por parte de los gobernadores reos de lesa traición fue piedra angular en el fracaso de la Ley Ómnibus.

El modo en que Grabois y sus acólitos administraron el que les tocó en suerte, Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), encaja a la perfección en la prédica maniquea de los adalides del ajuste.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución del FISU estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana a quien en la campaña de las primarias del año pasado Grabois presentaba como ministra de Desarrollo Social de su eventual gestión.

Desde su creación, se financiaron con este fondo 1.278 obras en 5.060 asentamientos. Serían 6.517 intervenciones en total, por $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Un 34,3% de esta cifra se repartió a cooperativas y un 34,1% a municipios.

Interesados en desarticular los fondos fiduciarios, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete relevaron el funcionamiento del FISU y descubrieron que la mayoría de las obras fueron veredas o cordones cuneta; que gran cantidad de intervenciones no fueron terminadas y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas vinculadas con Grabois.

De las 6.517 obras reportadas, solo el 6% -400- figura como finalizada. 5.886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación.

El 71% de los proyectos fueron realizados por organizaciones sociales y el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827: un 17% de lo asignado en total.

Adicionalmente, se descubrió que más de $130 millones del FISU se destinaron el año pasado a viáticos y pasajes de militantes devenidos en auditores.

El FISU, creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), se financia con fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.

Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo convirtió en “caja negra” para financiar una estructura política que le permitió presentarse como precandidato a la Presidencia.

La Secretaría de Integración Urbana comandada por Miño pasó de 60 a 600 agentes en cuatro años.

En el cultivo de su estética humilde y enemiga de la riqueza, Grabois mantiene una disputa intensa con el propietario de Mercado Libre, Marcos Galperín, radicado en Uruguay, a quien le recrimina que no tribute en la Argentina.

Galperín aprovechó las revelaciones del FISU para asestarle un golpe difícil de asimilar: “Al final Grabuá nos costaba más barato y hasta parecía más romántico (onda Che Guevara 2.0) cuando plantaba perejiles en campos usurpados. La máxima socialista nunca falla, la generosidad es siempre “con la tuuuuuya contribuyeeeeente!”. Chau Grabuá”.

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