JPC denunció agresiones en Fiambalá y Pozo de Piedra
Desde la UCR y Juntos por el Cambio denunciaron graves hechos de violencia y persecución en Fiambalá y Pozo de Piedra, con episodios que involucran armas de fuego y dirigentes detenidos. En un comunicado, desde la UCR denunciaron además que estos "hechos de violencia y de grave irregularidad que atentan contra los derechos humanos y preservación del proceso electoral" se realizaron "utilizando amenazas con armas de fuego a dirigentes y candidatos, circulación de camionetas sin patentes, agentes de la policía custodiando a dirigentes oficialistas que cometen delitos electorales mediante la entrega de dádivas y arrestos irregulares a dirigentes opositores".
En Fiambalá, un dirigente de apellido Ocampo fue agredido por el presidente del PJ local, Omar Carrizo, mientras estaba en videollamada con la diputada Natalia Herrera (JPC), quien responsabilizó a la intendenta Roxana Paulón (UP) por la seguridad de las elecciones. "Fui testigo cuando Carrizo se acercó y le propinó un golpe de puño en su propio domicilio", reclamó Herrera.
Por otra parte, el candidato a intendente de Fiambalá por JPC, Raúl Úsqueda, denunció que fue amenazado por Nardo Rementería, secretario de Gobierno de la Municipalidad. Además se denunció que otra dirigente fue interceptada por dos camionetas de militantes de Paulón, quienes la habrían amenazado. "Son hechos violentos y graves, cometidos en manos de matones y delincuentes disfrazados de dirigentes políticos", reclamó Herrera.
En Pozo de Piedra, el candidato a vicegobernador, Hugo Ávila, denunció que el intendente José Yapura hizo una falsa denuncia contra militantes de JPC y por ellos fueron detenidos Pablo Vera Aráoz, Néstor Sánchez, Nelson Gutiérrez, Francisco Palavecino, Agustín Ayosa y Ramón Quipildor".
En ese sentido, instaron a la Justicia a "liberar al abogado y dirigentes opositores de Pozo de Piedra que fueron privados ilegítimamente de su libertad por la fiscal por impedir la entrega de dádivas y la comisión de delitos electorales" y pidieron "velar por el real cumplimiento de la ley electoral". Además, exigieron a las fuerzas de seguridad "el cumplimiento de la ley, garantizar el orden y el secuestro de toda mercadería con fines electorales" y que secuestren "las camionetas sin patentes, que circulan por Fiambalá, con ocupantes que portan armas de fuego".
"Al Gobierno de la Provincia le exigimos velar y salvaguardar por el orden institucional y el Estado de Derecho. De haber privaciones ilegítimas, vejaciones, lesiones y/o mortandad de personas, hacemos responsable directo al Gobierno, responsable de las zonas liberadas, y a la Justicia por no garantizar el cumplimiento de la ley", señalaron.
