Hay decisiones de gobierno que, aun antes de desplegarse, generan una reacción que trasciende la grieta. La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial parece inscribirse en esa categoría. No tanto por lo que formalmente declara que se propone hacer, sino por lo que una parte significativa de la sociedad sospecha que podría llegar a hacer.
Un informe reciente de la consultora QSocial sostiene que más de la mitad de los encuestados reconoce no tener una posición clara sobre el nuevo organismo. El dato habla de un escenario todavía en construcción, de información incompleta o de una prudente espera. Pero cuando se focaliza en quienes sí adoptaron postura, el panorama es mucho menos ambiguo.
Entre los que opinan, la mirada crítica resulta abrumadora: apenas el 20,2% se manifestó a favor de la iniciativa, mientras que el 79,8% la vincula con riesgos de control ideológico, censura o propaganda oficial. En otras palabras, casi ocho de cada diez ciudadanos que se pronunciaron advierten posibles tendencias autoritarias, mencionando la eventual implementación de mecanismos de “censura indirecta”, la construcción de un “relato único” y la utilización política de la comunicación estatal.
No es casual que desde la oposición se la haya comparado con el “Ministerio de la Verdad” de la novela 1984, escrita por George Orwell. Más allá de la exageración que pueda implicar la analogía, la referencia apunta a un temor concreto: que el Estado asuma el rol de árbitro de la verdad en el debate público, con la facultad —explícita o implícita— de validar o descalificar discursos.
Es indudable que la circulación de información falsa, manipulada o malintencionada constituye un problema serio en las democracias contemporáneas. También es cierto que existe un clima extendido de desconfianza respecto de la calidad y veracidad de lo que se consume a diario. Pero precisamente por eso, la intervención directa del poder político en la disputa por la verdad despierta objeciones adicionales.
Cuando el Estado se posiciona como actor central en la polémica informativa, el gesto puede leerse como una voluntad de ordenar el caos o, en sentido inverso, como un intento de condicionar la conversación pública. La diferencia no radica solo en la letra de la norma, sino en la confianza social que la respalda. Y los números del relevamiento indican que esa confianza hoy es escasa.
La democracia se fortalece con instituciones que garantizan libertades, no con estructuras que, aun bajo la promesa de mayor transparencia, generan la percepción de control. Si la ciudadanía ya mira con desconfianza la información que circula, sumar un organismo estatal con capacidad de intervenir en ese terreno puede agravar la sospecha en lugar de disiparla.
El desafío es combatir la desinformación sin erosionar la pluralidad. La línea que separa una política pública legítima de una herramienta de disciplinamiento simbólico es fina. Y cuando la mayoría de quienes opinan perciben el riesgo antes que la oportunidad, debe comprenderse que cualquier avance en esta materia debe extremar garantías y evitar toda sombra de censura. De lo contrario, el intento de ordenar el debate podría terminar contaminándolo aún más.n