La priorización de los intereses regionales y provinciales por encima de los alineamientos facciosos es quizás el principal motivo por el cual la Ley Bases obtuvo la sanción del Congreso. La variación de criterios y sus tensiones es parte de la adaptación del sistema al traumático sismo que significó el triunfo de Javier Milei, en el que las limitaciones de las provincias para resistir embates de la Nación, por arbitrarios que fueran, resultan evidentes.
Los posicionamientos parlamentarios obedecen en gran medida a la necesidad de sostener los equilibrios presupuestarios y financieros provinciales y la necesidad, como se sabe, tiene cara de hereje. No solo gobernadores y legisladores han tenido que pasar el ingrato trago de las concesiones ideológicas; también Milei debió ceder jirones de su programa para conseguir el aval del Congreso.
Esto es particularmente nítido en el controvertido Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), respaldado explícitamente por distritos mineros y petroleros que cifran en él expectativas para la explotación de sus recursos.
Otro cambio que marca la gravitación de los intereses provinciales es la inclusión, en el capítulo referido al blanqueo del Paquete Fiscal, de “instrumentos financieros que emitan las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación de obras públicas” como inversión de los fondos que permanezcan en la Cuenta Especial de Regularización de Activos.
En tal marco, es difícil determinar por qué la mayoría de los miembros del Senado, cuerpo en el que están representadas las provincias en proporciones idénticas, rechazó la reversión del impuesto a las Ganancias, que es coparticipable.
A instancias de Sergio Massa y con el respaldo de los gobernadores peronistas, en plena campaña se bajaron los montos de los ingresos afectados por el tributo.
Esta decisión implicó una fuerte retracción de la coparticipación de las provincias. Massa se había comprometido a compensar las pérdidas coparticipando parte de los impuestos al Cheque y PAIS, pero como ganó Milei, que como diputado había apoyado la reformulación de Massa, la promesa quedó en la nada.
En las tratativas por la Ley Bases, los libertarios aceptaron a pedido de las provincias reponer el impuesto, pero entonces se cruzó la resistencia de provincias que tienen un gran cantidad de salarios altos que deberían volver a tributar, entre las que no está Catamarca ni la mayoría. La oposición maximalista del kirchnerismo hizo el resto para completar el número necesario para voltear ese punto, que había sido aprobado en Diputados.
De este modo, el Senado que representa a las provincias rechazó una medida que incrementaría la coparticipación de las provincias y ampliaría sus márgenes de autonomía. Raro, por lo menos.
La Cámara de Diputados tiene la posibilidad de insistir con la versión original con mayoría simple.
En el tratamiento de la Ley Bases en ese cuerpo, los catamarqueños que se pronunciaron a favor de reponer Ganancias fueron el peronista Sebastián Nóblega, quien como exintendente sabe la importancia de contar con más fondos, y el radical Francisco Monti.
Silvana Ginocchio, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez, que habían votado a favor del RIGI, se abstuvieron. O sea: no se opusieron.
¿Qué harán ahora? Reponer ganancias significaría miles de millones de pesos en concepto de coparticipación para Catamarca y para el Gobierno que representan en la Cámara baja.
