Pedido de que el Estado pague a los inversores

Fiscalía rechazó la pretensión de la Defensora Pública

9 de agosto de 2023 - 01:20

Al cierre de esta edición, fuentes judiciales confirmaron que el pedido realizado por la Defensora Pública de Víctimas, Mariana Vera, para constituirse en actor civil y pedir que el Estado pague a los inversores damnificados, fue rechazado por la fiscalía federal.

Según se informó, Vehils Ruiz consideró que no era procedente el pedido. Se espera que en las próximas horas el juez Contreras emita su resolución sobre el polémico pedido, ya que apunta a una supuesta responsabilidad de la Municipalidad de la Capital, del Estado Provincial y del Estado Nacional por presunta omisión en los controles.

Contreras había explicado que la abogada -que defiende a víctimas vulnerables-, pidió avanzar en dirección a una "indemnización por daños y perjuicios común, como la que hay por decenas en la Provincia. Solo que esta demanda está interpuesta dentro del proceso penal, en lo que denomina constitución de actor civil, persiguiendo esa indemnización". Ahora, con el rechazo del Ministerio Público Fiscal, el juzgado deberá establecer si es admisible el pedido y decidir si la demanda interpuesta como actor civil resulta formalmente admisible en el marco del proceso penal.

Vulnerables

La noticia del pedido de la Defensora de Víctimas fue duramente cuestionada a través de las redes sociales, donde muchos mensajes hicieron referencia a una supuesta estatización de la deuda privada en beneficio de los responsables de las financieras y de los inversionistas.

Fuentes judiciales explicaron que la solicitud de Vera apunta a lograr algún resarcimiento económico para las personas que representa como querellante particular, que son consideradas "víctimas vulnerables".

La Ley 27.149, señala que la "Defensoría General de la Nación debe garantizar el patrocinio jurídico a las víctimas de delitos en procesos penales, circunscribe dicha función a aquellos casos de limitación de recursos económicos o vulnerabilidad de la víctima y siempre que resultara necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados”.

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