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SUSCRIBITEUn fiscal de juicio pidió penas de reclusión perpetua y de 20 años de cárcel para los cuatro policías de la provincia de Buenos Aires declarados culpables de la “Masacre de San Miguel del Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron en 2019 mientras eran perseguidos a los tiros por efectivos de esa fuerza de seguridad.
Tras la audiencia de cesura, la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata, pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de junio al mediodía, cuando se conocerá la sentencia.
En la audiencia transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el fiscal Mariano Sibuet pidió la pena de reclusión perpetua para los policías Rubén García y Leonardo Ecilapé.
Ambos ya habían sido declarados culpables por unanimidad de los 12 jurados populares como coautores del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego” en perjuicio de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22).
En tanto, el representante del Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel para los efectivos Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, declarados culpables del delito de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego” de las mismas víctimas.
En su alegato, Sibuet tomó como agravantes el “impacto social” a partir de los hechos cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad y valoró los testimonios de los psicólogos que declararon previamente.
“Hacen mención a tres elementos que debo valorar: que el hecho fue devastador, que produjeron un daño irreparable y que ese daño para cada una de las víctimas y de los familiares involucrados significa un daño de por vida”, explicó.
Además, el fiscal criticó la “acción asumida posterior a la comisión del hecho en ese intento de eludir el accionar de la Justicia” por parte de los acusados.
Luego, las abogadas Margarita Jarque y Luz Santos Morón de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representan a las familias de las víctimas Danilo Sansone y Camila López, hicieron hincapié en que hubo una “grave violación de los derechos humanos” y en la “extensión del daño causado”, por lo que adhirió a la posición de la fiscalía.
