miércoles 24 de julio de 2024
Cara y Cruz

Ficciones administrativas

El escándalo que envuelve al Ministerio de Capital Humano que conduce –es un decir- Sandra Pettovello tiene un ingrediente que lo emparenta con métodos aplicados, también en Catamarca, para mentir.

El fiscal federal Ramiro González abrió la causa penal para investigar a Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, por presuntas irregularidades en contrataciones de personal y uso de dólares para pagar sueldos.

El funcionario había sido denunciado penalmente y ante la Oficina Anticorrupción por Pettovello tras el escándalo de los alimentos almacenados. Paralelamente, Pettovello también fue denunciada por haber firmado transferencias por más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Parte del dinero girado por Capital Humano a la OEI era para comprar alimentos para comedores y merenderos, con una comisión de 5% para la organización. Otra, más importante, para que la OEI contratara personal que prestaba servicios en Capital Humano o pagar adicionales sobre los sueldos.

La triangulación permitía sostener la narrativa de la “motosierra”, ya que Capital Humano no designaba personal, sino que se lo proporcionaba la OEI. Pero el dinero era, en definitiva, del Estado.

La “motosierra” afectaba solamente a las planillas de personal, no al gasto que, además, era mayor. De este modo, la gestión libertaria podía seguir envaneciéndose por echar agentes públicos en el marco del “ajuste más grande de la historia”, aunque el gasto fuera incluso mayor que antes.

Al parecer, este método se extiende a varias reparticiones, sea para no designar personal directamente, sea para elevar los salarios del funcionariato por izquierda para impostar solidaridad con los trabajadores que padecen el efecto de la licuadora sobre sus ingresos.

Es el mismo concepto que se aplicó y aplica en Catamarca con cooperativas y sociedades del Estado postuladas con el objetivo de lograr la “autosustentabilidad” que terminaron convirtiéndose en bolsones de empleo público indirecto, precario para colmo, puesto que es el erario provincial el que abona los salarios y otros gastos corrientes, además de, en el caso de las SAPEM, los emolumentos de sus gerentes.

El dispositivo tiene a ventaja adicional de relevar al Estado de pagar las onerosas cargas sociales.

PRODUCAT es el ejemplo más conocido de esta maniobra, pero sería injusto no incluir a experimentos como Agroindustrias de Pomán, el frigorífico de Chumbicha o la bodega de Fiambalá, resonantes fracasos económicos cuyo beneficio más ostensible es permitirle a gobernantes e intendentes presumir de no haber incrementado sus planteles de empleados, aunque demanden permanentes auxilios del Tesoro provincial debido a su inviabilidad.

Nótese la cantidad de dinero que se tira para mantener esta ficción publicitaria de austeridad administrativa y promoción del trabajo genuino. Se erogan fortunas para sostener las estructuras de cooperativas y las SAPEM cuando tal vez sería mucho más económico pagarle a la gente un seguro de desempleo o subsidio.

Adicionalmente, las estructuras parasitarias son útiles para sustraer la administración de fondos públicos del escrutinio de los organismos de control y ejecutar chanchullos de todo tipo, como también parece haber ocurrido en la cartera de Pettovello.

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