Con el juicio político que pretende iniciarle al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Alberto Fernández intenta reempinar, por enésima vez, su devaluada autoridad. Es interesante la secuencia de esta intentona, que no puede ser considerada la última porque todavía le resta un año de mandato.
Empezó con el desacato al fallo que le ordenó restituir una parte de la coparticipación que le había arrebatado a la Ciudad de Buenos Aires en 2020 parta transferírsela a la Provincia de Buenos Aires. En el paso siguiente, desistió del extremo y dijo que pagará en bonos. Luego su vicepresidenta, Cristina Kirchner, ironizó sin mencionarlo sobre la agrupación “amague y recule”, provocación que el elípticamente aludido respondió con esto del juicio político, que de Rosatti podría extenderse a otros miembros del execrado tribunal.
Al hombre parecen guiarlo sus inseguridades, en un derrotero que numerosos gobernadores respaldan con intenciones que conjugan expectativas de obtener más recursos la Casa Rosada para sus distritos, maniobras de proyección nacional con vistas a las elecciones y, por qué descartarlo, algún vestigio de misericordia por el caído menos en la desgracia que en grotesco.
Sin embargo, las posibilidades de que el juicio político se opere en el Congreso son tan nulas como las de que a través el mismo trámite se condene a Fernández por el desacato a la Corte, como propone la Unión Cívica Radical.
Se asiste entonces a una farsa, que disimula el empate de las impotencias con bullas inconducentes y tóxicas.
Un indicio del daño que estas sobreactuaciones producen se dio justamente con el episodio de la coparticipación de la CABA.
El “recule” en el desacato que Cristina recriminó fue debido a las advertencias de algunas cabezas sensatas que todavía quedan en el gabinete sobre las consecuencias institucionales y económicas que desobedecer una sentencia de la Corte podría acarrear. También, el hecho de que los funcionarios que debían negarle a la CABA os recursos que la Corte ordenaba reponer mezquinaron voluntad, prudentes ante los procesos judiciales a los que quedarían expuestos sus propios peculios si se plegaban a la rebelión fernandista.
Para hoy está prevista una nueva reunión del Presidente con los gobernadores para instigar el juicio político contra Rosatti. El santiagueño Gerardo Zamora ya metió una denuncia penal por supuesto tráfico de influencias contra Silvio Robles, funcionario judicial ligado a Rosatti que quedó involucrado por el hackeo del celular del ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro.
La arremetida seguirá un rumbo previsible. Ya consiguió el repudio de Juntos por el Cambio, entrará seguramente al Congreso ya allí será materia de interminables litigios hasta que se agote por mero hartazgo del público.
Fernández convocó a los gobernadores desde Brasil, donde participó de la asunción de Lula como presidente.
Se desconoce qué tipo de inspiración lo habrá atacado ahí, pero no habrá tomado nota de algunos detalles que lo podrían haber orientado hacia otras decisiones.
Para ganarle a Jair Bolsonaro, Lula no incurrió en desmesuras histriónicas, sino que tejió alianzas con sectores que habían estado enfrentados con él. Su vicepresidente es Gerardo Ackmin, referente de centro derecha al que había derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales de 2006.
Al mismo acto asistió el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, acompañado por los ex presidentes José “Pepe” Mujica y Julio María Sanguinetti.
Antagonistas con discernimiento suficiente para deponer rencores en pos de objetivos trascendentes. Consensos para superar las fracturas del fracaso. Modelos de gestión política que acá ni siquiera se intenta imitar.n
