La mujer extraditada esta semana en el marco de la causa que investiga millonarias estafas a través de la clonación de tarjetas de crédito y débito sustraídas por un empleado infiel del Correo Argentino, fue indagada el viernes y haciendo uso de sus derechos se mantuvo en silencio.
Se trata de Sandra Estefanía González, quien está imputada por los delitos de "estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada, tres hechos nominados primero, segundo y cuarto, y estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito, continuada –hecho nominado tercero-, todo en concurso real y en calidad de coautora".
Durante la audiencia se le notificó formalmente la imputación y se le fijó una caución de un millón de pesos para recuperar su libertad.
Se pudo conocer que la mujer fue trasladad desde Tucumán por personal policial local y que la indagatoria se suspendió el miércoles -fecha en la que estaba pautada-, debido a que decidió cambiar de abogado defensor.
Ahora, se espera que realice el depósito correspondiente para cumplir con la caución y luego recuperar la libertad.
El expediente se inició el año pasado en la Fiscalía de Instrucción N°7 con competencia en Ciberdelitos, entonces a cargo de Alejandro Gober -actualmente a cargo de Valeria Reyes-, secretaría a cargo de Adolfo Monllau Grima.
La indagatoria estuvo a cargo de la fiscal en feria, Yésica Miranda.
A raíz de las denuncias efectuadas por varios damnificados se efectuó el cruzamiento de datos y a principio de marzo de 2023 se produjeron los arrestos de varios sospechosos, entre ellos Paulo Domingo Silva, Sebastián Mario Carabajal y la de González, quienes con el paso de los meses y los avances en la investigación fueron procesados.
La pesquisa a cargo de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia estableció que el empleado infiel abría la correspondencia, extraía las tarjetas para ser clonadas con un dispositivo electrónico y luego las colocaba en el sobre original. Con la tarjeta duplicada se efectuaban pagos de servicios públicos y de impuestos, además de concretar compras por montos mínimos con el objetivo de no despertar sospechas en los damnificados y desviar eventuales investigaciones judiciales y policiales.
A pesar de estas previsiones, los usuarios damnificados advirtieron que en los resúmenes de cuenta de sus tarjetas aparecían datos de operaciones que ellos no habían realizado. Efectuaron los reclamos pertinentes en las entidades expendedoras de las tarjetas y posteriormente radicaron las denuncias correspondientes, que fueron giradas a la fiscalía especializada.
Los datos obtenidos de las tarjetas eran vendidos a delincuentes de provincias vecinas.
