Durante largos tramos de la historia económica argentina, el endeudamiento de las familias estuvo asociado a expectativas de progreso. Tomar crédito para ampliar una vivienda, adquirir bienes durables, financiar estudios, iniciar un emprendimiento o acceder a una primera propiedad constituía, aun en contextos de inestabilidad, una apuesta al futuro.
La realidad actual exhibe, sin embargo, un fenómeno de naturaleza muy distinta y mucho más preocupante. Hoy una porción creciente del endeudamiento familiar ya no se explica por decisiones de inversión doméstica ni por proyectos de ascenso social, sino por la necesidad elemental y urgente de llegar a fin de mes.
Un informe privado elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sostiene que entre las familias con ingresos mensuales de entre $1,5 millones y $2 millones, el 57% recurre al endeudamiento como estrategia de supervivencia financiera. Pero lo más grave no es solo la magnitud del fenómeno, sino el destino de esos recursos. Dentro de ese universo, casi el 83% se endeudó para comprar alimentos y el 60% para pagar servicios básicos. A ello se suma otra señal alarmante: también aumenta el endeudamiento destinado a afrontar alquileres, particularmente entre jóvenes de entre 25 y 34 años.
La diferencia entre endeudarse para invertir y endeudarse para subsistir es estructural. En el primer caso, existe la posibilidad de que el uso del crédito genere retornos futuros que faciliten su repago. En el segundo, el dinero se consume de inmediato en necesidades básicas que no producen ingresos adicionales. Cuando la deuda financia alimentos, tarifas o alquileres, el mes siguiente encuentra al hogar en una situación similar, aunque con una carga adicional de intereses y vencimientos. Entonces aparece la práctica de tomar nueva deuda para cancelar deuda vieja. Se ingresa así en un círculo vicioso que desgasta la estabilidad financiera del hogar.
No sorprende, por lo tanto, que crezca el número de personas que pasan a la categoría de morosos. Es decir, ciudadanos que ya no pueden afrontar en tiempo y forma los compromisos asumidos. En febrero de 2026, la morosidad en los créditos a familias alcanzó el 11,2%, casi cuadruplicando el valor registrado un año atrás, cuando rondaba el 2,9%. Se trata del nivel de irregularidad en pagos más alto de las últimas dos décadas, con especial impacto en préstamos personales y tarjetas de crédito.
Este deterioro no puede explicarse, en términos generales, por irresponsabilidad individual ni por supuestas malas decisiones masivas. La principal causa reside en la persistente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y en la insuficiencia de los ingresos para cubrir gastos esenciales. Cuando millones de personas deben recurrir al crédito para comprar comida, el problema no está en las familias, sino en el funcionamiento de la economía.
Cuando la morosidad crece a estos niveles, revela las limitaciones de un modelo económico que no logra traducir sus promesas en bienestar tangible. Y exige correcciones inmediatas antes de que el cuadro derive en un corte de la cadena de pagos, escenario que agravaría aún más la fragilidad social y terminaría por desequilibrar al conjunto de la economía.