19 de abril de 2026 - 01:38
Una aplastante mayoría de los más de 700 testigos que declararán en el juicio oral y público contra el “Trader God” Edgar Adhemar Bacchiani y sus cómplices está conformada por inversores que reclaman resarcimientos. La lista incluye personajes muy conocidos y encumbrados, a los que ha de hacerles poca gracia tener que exponerse ante la opinión pública, pero hay una cuestión mucho más incómoda: todos tendrán que explicar el origen del dinero que aseguran haber depositado en “Adhemar Capital”, en función del cual extrapolaron las utilidades que demandan.
Si tuvieron el asesoramiento legal adecuado seguramente podrán hacerlo, pero en cualquier caso se trata de un punto central para la causa. Está relacionado con el lavado de activos, que es el más grave de los delitos que se investigan.
En una entrevista que concedió a “Ancasti Streaming” en diciembre, el juez federal Miguel Contreras reveló que muchos de los damnificados por las criptoestafas recularon en sus denuncias cuando advirtieron que no podrían justificar que los fondos invertidos provenían de actividades lícitas. También resaltó que al menos parte del botín probablemente “está en los propios inversionistas que retiraron ganancias antes del derrumbe”.
En base a este razonamiento, podrían establecerse dos momentos en los que se lavó dinero negro: uno sería el del depósito original y el otro el de la reinversión de los dividendos obtenidos en la cripto-pirámide, ilícitos por provenir de maniobras fraudulentas.
La inquietante arista asomó en el juicio que Bacchiani enfrentó en Córdoba, del que salió condenado luego de confesar que había incurrido en estafas.
El proceso cordobés fue abreviado por un acuerdo entre las partes, pero ya en los aprontes la defensa del “trader” mostró las uñas al señalar que junto a su cliente deberían estar en el banquillo quienes habían depositado en las pirámides dinero negro, no solo como evasores, sino también como cómplices.
Los acreedores de Bacchiani tendrán que explicar en el juicio el origen del dinero que aseguran haber depositado en “Adhemar Capital”, en función del cual extrapolaron las utilidades que demandan. Los acreedores de Bacchiani tendrán que explicar en el juicio el origen del dinero que aseguran haber depositado en “Adhemar Capital”, en función del cual extrapolaron las utilidades que demandan.
¿Habrá tenido algo que ver esta perspectiva en la rápida resolución del juicio cordobés? Imposible saberlo con certeza, pero el proceso no se desarrolló y ninguno de los acreedores tuvo que explicarse.
Es una alternativa muy remota para el caso catamarqueño. Aún si los contendientes congeniaran para llegar a un juicio abreviado, la Fiscalía debería extremar su sapiencia jurídica para encontrar motivos que justifiquen renunciar a seguir el rastro de posibles lavados de activos.
Planteos defensivos
Los defensores de Bacchiani en Catamarca toman parte del argumento cordobés.
Pidieron al Tribunal Oral Federal producir prueba para demostrar que una cantidad no determinada de las deudas exigidas es desproporcionada y se configuró con pagarés apócrifos.
En este punto la estrategia se ajusta a la hipótesis de la mejicaneada que Bacchiani viene sosteniendo: sus colaboradores lo traicionaron, se quedaron con depósitos que gestionaron en su nombre y nunca ingresaron a las cuentas de “Adhemar Capital” y lo despojaron de propiedades con las que estaría en condiciones de solventar sus cuantiosas deudas. Los abogados solicitaron al TOF pericias caligráficas para verificar si las firmas de Bacchiani en los documentos que se esgrimen para los reclamos son reales y un análisis contable de los movimientos de “Adhemar Capital” en el que se destaca el objetivo de establecer si había circuitos informales de captación de dinero.
El requerimiento de mayor alcance, sin embargo, es el de librar oficios a ARCA, el Banco Central y los organismos encargados de registrar propiedades inmuebles, automotores y sociedades para determinar la evolución patrimonial de los inversores.
De esos informes podría brotar más jugo.
Ecos de 2022
El interés del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz converge en principio con el de las querellas.
Los reclamos por dinero ilícito, de haberlos, compiten con los del dinero lícito, por empezar. Pero además, es la posibilidad de que las estructuras fraudulentas hayan sido utilizadas para blanquear activos negros lo que justificó la competencia federal en la causa, junto a la intermediación financiera no autorizada.
En octubre de 2022, el juez Contreras decidió procesar a parte de “La Bacchineta” por intermediación financiera no autorizada y declinó en la Justicia provincial la competencia por las estafas y la asociación ilícita. El lavado de activos no aparecía en el radar y Vehils Ruiz apeló la sentencia, que fue revertida en la Cámara Federal de Tucumán.
El entonces fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, recriminó al Juzgado Federal precisamente por no haber profundizado las investigaciones sobre el origen de los fondos depositados ni gestionado la producción de pruebas sobre lavado.
“Si bien la instrucción hace foco en la captación y colocación del dinero, se observa que la mirada no es puesta sobre el origen de la moneda que habría sido ingresada a la empresa dirigida por Bacchiani. Es así que el origen del dinero de los inversores ‘bancarizados’ y ‘no bancarizados’ -según la denominación utilizadas por los encartados en sus indagatorias-, no fue investigado aún”, advirtió en su dictamen.
“Los imputados –señaló- obtuvieron dineros de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal o informal, lo que luego se exteriorizó a través de la adquisición de diversos bienes y la conformación o participación en distintas sociedades, otorgándole a dichas operaciones la apariencia de legales. Los que facilitaron los activos a los procesados, y que a la fecha en un porcentaje menor se presentaron en la causa y ostentan el rol de querellantes, en su gran mayoría no justificaron la licitud de los dineros aportados”.
Gómez recordó que tanto Bacchiani como su contador, Iván Segovia, habían declarado que “la cartera de inversores ‘no bancarizados’ supera en cuatro veces la cantidad de inversores ‘bancarizados’, que rondan los 1.500, y que el pasivo de la empresa ascendería a los 50.000.000 de dólares”.
En las vísperas del megajuicio, vuelven reverberar los ecos de la advertencia que Bacchiani disparó en marzo de 2022, tras huir de su casa custodiado por la policía para no ser linchado por una turba de acreedores enardecidos: “Vamos a ver si esos que gritan ladrón la pueden justificar”.
