El bloque de diputados del oficialismo salió al cruce de las críticas de Juntos por el Cambio que denunciaron hostigamiento de autoridades y de la fuerza pública cuando pretendieron recorrer la escuela que funciona en el Hospital de Niños. El Frente de Todos consideró que las legisladoras no respetaron el protocolo.
"Con sorpresa, ante el documento de las Secretarías de Género del Comité Provincia y Comité Capital, Mujeres Radicales y dirigentes del radicalismo referido a la visita al Hospital Interzonal de Niños Eva Perón por parte de las diputadas Cristina Gómez, Silvana Carrizo y Alejandra Pons, desde el bloque del Frente de Todos nos gustaría aclarar que toda institución pública o privada tiene protocolos de ingreso y de visita. Más aún cuando, como en este caso, es un hospital de niños donde se deben salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes", señalaron.
"Al organizar una visita a una institución, por protocolo, se debe solicitar un permiso para su realización. Toda persona debe anunciarse e identificarse, situación que no ocurrió en esta ocasión. En una institución de salud que aún hoy atiende y tiene internados niñas, niños y adolescentes con COVID-19, sumado a otros procesos infecciosos, y pacientes con inmunocompromiso, se deben cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad para evitar contagios y no poner en riesgo la salud de los niños y niñas internados", justificaron ante el documento que firmaron mujeres y dirigentes del radicalismo.
"Lo que llama verdaderamente la atención es que quienes son representantes del pueblo con investidura de diputadas aleguen sentirse avasalladas cuando, en realidad, se les solicitó como a cualquier otro ciudadano el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la realización de una visita y, en su caso, efectuar una filmación en un hospital pediátrico. A ello, las representantes del pueblo se negaron y prefirieron el escándalo mediático, buscando, obviamente, algún rédito político ante la opinión pública. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿Quién es el avasallado?", indicaron.
"La condición de representantes del pueblo impone mayores obligaciones y responsabilidades. Una de ellas es el respeto irrestricto de las normas jurídicas y de la dignidad de las personas", concluyen.