El abordaje de la vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes volvió a poner en evidencia una problemática estructural que atraviesa a la provincia: la severa disparidad entre lo que la ley exige a los distintos estamentos del Estado y los recursos con los que efectivamente cuentan las comunas para dar una respuesta inmediata. En ese marco, la ministra de la Corte de Justicia de la Provincia, Fernanda Rosales Andreotti, puso el foco en cómo funciona el sistema de protección integral y remarcó la necesidad de definir los roles de cada actor institucional y social. Tal como enfatizó la ministra, la obligación de resguardar a la niñez no recae únicamente en los tribunales, sino que requiere una red de contención en la que los municipios resultan eslabones indispensables.
Sin embargo, la realidad provincial evidencia un mapa heterogéneo y deficitario: una amplia mayoría de las comunas del interior catamarqueño carece de servicios locales de protección de chicos y chicas. Ante la ausencia de estos dispositivos —previstos para actuar en primera instancia mediante medidas de protección integral—, las situaciones de vulneración terminan siendo canalizadas por las escuelas, los centros de salud o sobrecargando la intervención directa de la Secretaría de Familia de la Provincia y la Justicia de Familia.
Al analizar la articulación del sistema, Rosales Andreotti dejó en claro la importancia de que todas las partes asuman su responsabilidad. "Es importante que todos sepamos que cada uno tiene un rol. Todos los roles son importantes y todos tienen que cumplirse, pero cada uno tiene un rol en lo que sucede con niños, niñas y adolescentes. Hablo de los poderes del Estado como máximos responsables, pero también de todos como sociedad, las escuelas y los centros de salud", sostuvo.
Además, la ministra diferenció las competencias administrativas y penales dentro del esquema de protección. Al respecto, aclaró que mientras el fuero Penal Juvenil interviene ante la comisión de delitos por parte de adolescentes, los casos de vulneración hacia chicos y chicas corresponden al Sistema de Protección a cargo de la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, con control de legalidad de los Juzgados de Familia.
A la vez, la ministra lanzó una fuerte llamada de atención sobre la exposición mediática y en redes sociales de niños, niñas y adolescentes involucrados en situaciones tanto de vulnerabilidad como de riesgo. Rosales Andreotti advirtió sobre el daño permanente que genera la búsqueda de impacto visual o likes.
"En el comunicar no nos podemos llevar puestos a los niños, niñas y adolescentes. Difundir sus imágenes, su identidad o datos del entorno familiar está prohibido por ley. Esa huella digital queda de por vida y la persona va a vivir y revivir estigmatizada por esa situación", remarcó.
Debate urgente
Las declaraciones de la ministra reabren así un debate urgente en la provincia: la necesidad de un ejercicio responsable al comunicar y, fundamentalmente, la urgencia de fortalecer los recursos, la capacitación y la presencia de servicios locales de protección en cada municipio catamarqueño.
