La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad, por lo que serán suspendidos.
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La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad, por lo que serán suspendidos.
Este domingo venció el plazo para que quienes cobran este beneficio autenticaran su información.
Los que no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.
De acuerdo con la auditoría realizada por el Ministerio que conduce Tolosa Paz, aproximadamente el 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema.
En línea con esto, los que cumplieron con el trámite cobrarán el total del plan en febrero, mientras que quienes no lo hicieron percibirán la mitad del monto y, de no regularizar su situación, dejarán de percibirlo.
La validación de datos se estipuló luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos.
En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.
Por otro lado, la ministra afirmó que un total de "154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero".
A la vez, destacó: "Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo", aclaró. Esta instancia tendrá vigencia por un plazo de 60 días.
En este sentido, Tolosa Paz explicó que los interesados podrán realizar ese trámite “como siempre, a través de la aplicación Mi Argentina, donde tendrán que contar cuáles fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa”.
Respecto del impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $ 2.500 millones que podrán "destinarse a otras actividades productivas", enfatizó la funcionaria.
De la información relevada, se desprende que el 39,1% de quienes perciben el Plan Potenciar Trabajo tienen entre 18 y 29 años, el 29,5% entre 30 y 39 años, el 19,8% entre 40 y 49 años y el 11,5% restante son mayores de 50 años. De este total, el 65,7% son mujeres, de las cuales el 59% tienen hijos o hijas menores de 18 años.
En relación con el mercado laboral, más de 1.150.000 personas indicaron que están interesadas en iniciar o continuar su formación, lo que representa un 86,8% de quienes completaron sus datos.
Respecto al nivel educativo, el relevamiento mostró que más de 736 mil personas no finalizaron sus estudios primarios o secundarios. Sin embargo, el 79,2% afirmó que quiere continuar su trayectoria educativa, incluyendo a quienes desean finalizar sus estudios terciarios y universitarios.
"Esto quiere decir que hay una población vulnerable y joven que desea trabajar y estudiar. Desde el Estadol redireccionaremos el esfuerzo presupuestario para fortalecer la capacidad educativa y laboral", destacó Tolosa Paz.
La validación de datos se adoptó luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales. Un informe de la AFIP reveló que 253.184 beneficiarios del programa no deberían recibir el cobro mensual por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas eran: la compra de dólares con fines de ahorro y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.