El Gobierno de la Provincia buscará financiamiento para la construcción de viviendas, obras públicas y adquisición de otros bienes de capital necesarios para solventar proyectos y programas sociales y de inversión pública. Lo hará a través de un préstamo que podría ser de hasta 10.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas y se empezaría a descontar de la Coparticipación Federal tras un plazo de gracia de al menos seis meses. Según se indicó, la necesidad de financiamiento responde a que los recursos nacionales “no tuvieron el crecimiento esperado” y durante tres meses “tuvieron una variación anual negativa”. El límite para conocer los oferentes es el próximo viernes 28, a las 11, en el Ministerio de Economía.
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El Gobierno llama a licitación para tomar un crédito de hasta $10.000 millones
El último viernes, el gobernador Raúl Jalil firmó junto a todos los ministros del Ejecutivo el decreto acuerdo Nº 1919/23 con el que se aprobó el “Programa de emisión de deuda pública”, tras un expediente iniciado por el Ministerio de Economía, mediante el cual la Secretaría de Finanzas Públicas ponía a consideración la necesidad de financiamiento y propuso la instrumentación de la toma de un crédito público.
Las empresas o instituciones que se presenten como prestamistas deberán ajustar la propuesta en base a las condiciones previstas en el pliego: que el importe total de la operación sea de hasta 10.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas, en un plazo total no menor a 36 meses (tres años) contados a partir del desembolso del préstamo, con un plazo de gracia de al menos seis meses. Además, deberá ajustarse al sistema de amortización francés o alemán, con intereses en cuotas mensuales calculados sobre el saldo y a abonarse por período vencido. La tasa de interés nominal anual deberá ser BADLAR (una variable del Banco Central para depósitos mayores al millón de pesos en plazos de 30 o 35 días), más 300 puntos básicos como máximo.
La Provincia pondrá en garantía los “Recursos de Origen Provincial sin afectación específica que revistan la calificación de garantía preferida de Tipo A y los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Además, se propone que los pagos sean retenidos a su vencimiento de los recursos correspondientes a la provincia provenientes de la Coparticipación, por lo montos correspondientes a cada cuota de capital, sus servicios de intereses y gastos concernientes, hasta la total cancelación del préstamo por todo concepto.
A la hora de evaluar las ofertas, la Comisión de Preadjudicación considerará la conveniencia a los intereses de la Provincia teniendo en cuenta el menor Costo Financiero Total, el mayor plazo total de la oferta y el mayor monto total de ésta. La adjudicación será dispuesta por Decreto Acuerdo y el Poder Ejecutivo podrá desistir de la contratación del préstamo o podrá dejarla sin efecto durante cualquier etapa del proceso de contratación cuando así lo disponga por motivos fundados en oportunidad, mérito o conveniencia. El contrato, además, deberá firmarse dentro de los 70 días de adjudicado el crédito, que es el plazo solicitado para el mantenimiento de oferta.
El llamado a licitación está fundamentado en el artículo Nº 30 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial para el Ejercicio Fiscal 2023, en el que quedó establecido que la Provincia podrá realizar operaciones de crédito público por hasta $19.813 millones de pesos “con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o económicos y/o de inversión pública”. El mismo artículo establece que solo podrán realizarse estas operaciones con el Estado Nacional, las Provincias y Municipios y/o entidades financieras y/o organismos descentralizados, nacionales e internacionales.
Según un informe de la Secretaría de Finanzas Públicas, es necesario apelar a la toma de crédito ya que “en el presente ejercicio los recursos de origen nacional no mostraron el crecimiento real esperado, y de los cinco meses cerrados, tres tuvieron variación interanual negativa”. “El contexto macroeconómico interfiere en los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública, obstaculizando la consecución de proyectos y programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o previstos en el Presupuesto”, detalla el decreto acuerdo. En tal sentido, agrega que ese dinero se utilizaría para gastos de capital: construcción de viviendas, obras de infraestructura y bienes durables. “Todo ello a fin de contribuir al objetivo de gestión de incrementar el gasto público en el acrecentamiento de la capacidad instalada y el aporte adicional en bienes durables y obras de largo plazo y con el propósito de no interrumpir el plan de obras aprobados en el Presupuesto”, insistieron.