El Gobierno llama a licitación para tomar un crédito de hasta $10.000 millones
El Ejecutivo firmó el decreto argumentando que en los primeros meses del año los recursos nacionales tuvieron una variación interanual negativa en términos reales por la inflación.
El Gobierno de la Provincia buscará financiamiento para la construcción de viviendas, obras públicas y adquisición de otros bienes de capital necesarios para solventar proyectos y programas sociales y de inversión pública. Lo hará a través de un préstamo que podría ser de hasta 10.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas y se empezaría a descontar de la Coparticipación Federal tras un plazo de gracia de al menos seis meses. Según se indicó, la necesidad de financiamiento responde a que los recursos nacionales “no tuvieron el crecimiento esperado” y durante tres meses “tuvieron una variación anual negativa”. El límite para conocer los oferentes es el próximo viernes 28, a las 11, en el Ministerio de Economía.
El último viernes, el gobernador Raúl Jalil firmó junto a todos los ministros del Ejecutivo el decreto acuerdo Nº 1919/23 con el que se aprobó el “Programa de emisión de deuda pública”, tras un expediente iniciado por el Ministerio de Economía, mediante el cual la Secretaría de Finanzas Públicas ponía a consideración la necesidad de financiamiento y propuso la instrumentación de la toma de un crédito público.
Las empresas o instituciones que se presenten como prestamistas deberán ajustar la propuesta en base a las condiciones previstas en el pliego: que el importe total de la operación sea de hasta 10.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas, en un plazo total no menor a 36 meses (tres años) contados a partir del desembolso del préstamo, con un plazo de gracia de al menos seis meses. Además, deberá ajustarse al sistema de amortización francés o alemán, con intereses en cuotas mensuales calculados sobre el saldo y a abonarse por período vencido. La tasa de interés nominal anual deberá ser BADLAR (una variable del Banco Central para depósitos mayores al millón de pesos en plazos de 30 o 35 días), más 300 puntos básicos como máximo.
La Provincia pondrá en garantía los “Recursos de Origen Provincial sin afectación específica que revistan la calificación de garantía preferida de Tipo A y los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Además, se propone que los pagos sean retenidos a su vencimiento de los recursos correspondientes a la provincia provenientes de la Coparticipación, por lo montos correspondientes a cada cuota de capital, sus servicios de intereses y gastos concernientes, hasta la total cancelación del préstamo por todo concepto.
A la hora de evaluar las ofertas, la Comisión de Preadjudicación considerará la conveniencia a los intereses de la Provincia teniendo en cuenta el menor Costo Financiero Total, el mayor plazo total de la oferta y el mayor monto total de ésta. La adjudicación será dispuesta por Decreto Acuerdo y el Poder Ejecutivo podrá desistir de la contratación del préstamo o podrá dejarla sin efecto durante cualquier etapa del proceso de contratación cuando así lo disponga por motivos fundados en oportunidad, mérito o conveniencia. El contrato, además, deberá firmarse dentro de los 70 días de adjudicado el crédito, que es el plazo solicitado para el mantenimiento de oferta.
El llamado a licitación está fundamentado en el artículo Nº 30 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial para el Ejercicio Fiscal 2023, en el que quedó establecido que la Provincia podrá realizar operaciones de crédito público por hasta $19.813 millones de pesos “con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o económicos y/o de inversión pública”. El mismo artículo establece que solo podrán realizarse estas operaciones con el Estado Nacional, las Provincias y Municipios y/o entidades financieras y/o organismos descentralizados, nacionales e internacionales.
Según un informe de la Secretaría de Finanzas Públicas, es necesario apelar a la toma de crédito ya que “en el presente ejercicio los recursos de origen nacional no mostraron el crecimiento real esperado, y de los cinco meses cerrados, tres tuvieron variación interanual negativa”. “El contexto macroeconómico interfiere en los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública, obstaculizando la consecución de proyectos y programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o previstos en el Presupuesto”, detalla el decreto acuerdo. En tal sentido, agrega que ese dinero se utilizaría para gastos de capital: construcción de viviendas, obras de infraestructura y bienes durables. “Todo ello a fin de contribuir al objetivo de gestión de incrementar el gasto público en el acrecentamiento de la capacidad instalada y el aporte adicional en bienes durables y obras de largo plazo y con el propósito de no interrumpir el plan de obras aprobados en el Presupuesto”, insistieron.
