viernes 17 de mayo de 2024
Contempla varios puntos

El Gobierno envió al Congreso la Reforma Fiscal

El piso de Ganancias quedará en 1.800.000. El Ejecutivo aspira a que se discuta a la par de la ley Bases.

El Ejecutivo mantiene la propuesta de impulsar un piso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias de $1.800.000, con una primera escala del 5%.

Sostiene además el beneficio para los trabajadores petroleros de pozo basado en el artículo 1 la ley 26.176, que establece que no integren la base imponible a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias. No se trata de una exención, sino de una deducción especial.

El proyecto describe como personal de pozo a los que trabajen en "la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos".

La propuesta elevada por el Gobierno rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el impuesto a las Ganancias -que pasaría a llamarse Ingresos Personales-.

"Se establece que no resultarán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo", expresa.

La reforma fiscal incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

Contiene además la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Tratamiento

El Gobierno apunta a tratar el proyecto en un plenario de comisiones la semana que viene. Quieren que se discuta a la par de la Ley Ómnibus, que será reflotada a través de un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero.

Este tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se compone además de la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Mientras el Gobierno sigue negociando la letra chica de la Ley Ómnibus con gobernadores y espacios de la oposición más blanda, el oficialismo se terminó de convencer que no podrá cumplir con su objetivo inicial de sesionar antes de que termine este mes. El arco se corrió ahora para comienzos de mayo.

Aparecieron ciertos nubarrones en el horizonte, que tiene que ver con una serie de reparos que siguen sosteniendo -pese a algunos avances- los sectores de la oposición más proclives a ayudar al Gobierno.

Referentes de las cuatro bancadas "friendly" (UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) tuvieron una fructífera reunión en la cual hicieron una puesta en común sobre sus balances respecto del último borrador de la ley Bases que difundió el Gobierno, unificaron criterios y llevarán mañana una devolución al Poder Ejecutivo con propuestas de cambios.

Lo que quedó claro en este cónclave es que si bien el número para la aprobación en general está sobradamente garantizado (el PRO acompaña en su totalidad y la UCR garantiza 30 de sus 34 votos), hay temas que la oposición dialoguista no está dispuesta a avalar y si el Gobierno pretende avanzar sin cambios se encontrará con la misma barrera que en febrero pasado, cuando voló por los aires el primer intento de aprobar la ley ómnibus.

En este marco de negociaciones inconclusas y reclamos de la oposición "light" que se mantienen (más allá de que bajó la belicosidad discursiva en los medios desde ambas partes), el escenario de una sesión en abril perdió toda vigencia y sentido.

Según trascendió, se resucitaría el mismo dictamen que había sido tratado durante las sesiones extraordinarias y que había sufrido golpe de knockout por parte de la oposición. Sobre ese dictamen, se propondrán y votarán los cambios en el propio recinto sobre la base del borrador que el Gobierno hizo llegar a las distintas fuerzas políticas la semana pasada.

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