El Ejecutivo resolvió dejar de ser parte de la investigación judicial del megacrédito tomado en 2018 con el Fondo.
Luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara el lunes último la causa que investiga la deuda que la gestión de Cambiemos tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno decidió remover a la Procuración del Tesoro como querellante del caso, un rol que permite contar con acceso al expediente, proponer pruebas e incluso apelar las decisiones de los jueces.
El decreto del presidente Javier Milei se formalizó horas antes del vencimiento del plazo de apelación. La Procuración del Tesoro defiende los intereses del Estado y sus abogados deben poder fundar su decisión de no apelar un archivo, pero con el decreto, que deroga otro que fue emitido por Alberto Fernández, el Gobierno clausuró cualquier posible discusión técnica sobre su actuación en el caso.
El archivo de la causa fue ordenado por la jueza Capuchetti el lunes pasado, en el primer día hábil tras la feria judicial, pero trascendió ayer luego de que el fiscal del caso, Franco Picardi, a diferencia del Gobierno, apelara la decisión con un duro escrito. Ahora, la suerte del expediente que investiga irregularidades en la toma de la deuda con el FMI se decidirá en la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa es, en principio, por un presunto fraude al Estado e involucra a las máximas autoridades del periodo: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el expresidente del Banco Central, y los actuales funcionarios, el ministro de Economía Luis Caputo, que en aquel entonces fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que durante el macrismo estuvo al frente del Central.
Con el decreto Decreto 87/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó esa resolución de Fernández y ordenó a la Procuración cesar su intervención como querellante en la representación del Estado.
“En línea con la política que ha venido implementando esta gestión, corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos, evitando superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos”, justificó y expresó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en “la mejor posición técnica para impulsar la investigación”. El Poder Ejecutivo argumentó, además, que el caso fue archivado el 2 de febrero.
Para el fiscal Picardi la decisión de Capuchetti fue “prematura”. Considera que la jueza hizo una mala valoración de la prueba, que existen varios indicios que dan cuenta de la existencia de un plan “concatenado” entre funcionarios y que hay elementos para avanzar con acusaciones en la causa.
Apoyado en un informe de 2020 de la Auditoría General de la Nación (AGN), sostiene que hubo incumplimientos legales en el trámite y la existencia de signos claros acerca de la inviabilidad de la deuda, además de irregularidades en el modo en cómo se arribó al acuerdo, que fue sin intervención del Congreso y en ausencia de un decreto que lo formalizara.