Un joven de 18 años llegó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación por un presunto intento de robo. Asistido por el defensor penal oficial de Primera Nominación, Daniel Carrizo, el joven solicitó la suspensión de juicio a prueba, más conocido como “probation”.
La audiencia fue presidida por el juez de Cámara Silvio Mortoccia. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Augusto Barros. La defensa fue representada por el defensor Carrizo.
De acuerdo con la investigación, a mediados de febrero de este año, el acusado de presentó en la plaza 25 de Mayo. Allí vio a jóvenes. Con la idea de intimidarlos, les dijo “el dinero o las pertenencias sino ya van a ver lo que les va a pasar”. Uno de los chicos escapó de esa situación y pidió ayuda a un policía. Por este hecho, el joven fue acusado por “robo simple en grado de tentativa”.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de probation. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el acusado ofreció una compensación de $5.000. Al no haber oposición, el magistrado resolvió conceder el beneficio. A la vez, ordenó que realice un tratamiento para su consumo problemático de pastillas.
En otra audiencia, días pasados, el juez Luis Guillamondegui de esa Cámara de Sentencia presidió de manera virtual una audiencia de probation. La medida se tomó porque tanto el acusado como el denunciante tienen domicilio en Tinogasta. La virtualidad es una de las herramientas que la pandemia por COVID-19 aportó para dar celeridad al servicio de administración de justicia. Vale destacar que de haberse realizado de manera presencial, ello implicaba el gasto del traslado –desde Tinogasta- para el denunciante y el acusado.
La audiencia fue presidida por el juez Guillamondegui. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Augusto Barros. El acusado contó con la asistencia de la defensora penal oficial de Cuarta Nominación, Lorena Paschetta.
El acusado debía responder por “robo simple”. A fin de obtener este beneficio, ofreció $4.000 en concepto de reparación económica. El magistrado concedió el beneficio por el término de un año y fijó pautas de conducta. A la vez, el acusado deberá realizar trabajo comunitario en la Municipalidad de Tinogasta.
“El legislador, focalizando su atención en la problemática derivada de la persecución penal de los delitos de menor entidad punitiva, procuró alcanzar diferentes beneficios y ventajas, tanto para la víctima -en la faz reparatoria, y hasta restaurativa del conflicto-, como para el imputado -previniendo los efectos criminógenos del encierro carcelario en penas de corta duración-, y también para el sistema de administración de justicia -celeridad y economía procesal-, sentando las bases racionales para una persecución penal respetuosa del principio de mínima intervención y del carácter de última ratio del derecho penal -que no debe perder, a pesar de nuestras urgencias sociales-, única interpretación posible conforme nuestra axiología constitucional”, remarcó el juez Guillamondegui.
La probation es un derecho que la ley acuerda a ciertos y determinados acusados de haber cometido un delito o más que darían lugar a la condena condicional. La idea es que se suspenda el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva. Es decir, queda absuelto. La suspensión del juicio a prueba no se puede conceder para todos los delitos, ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos. El elemento esencial de la suspensión del juicio a prueba es como método de reeducación del acusado: un plan de conducta en libertad adaptando la respuesta del derecho penal a las circunstancias que rodean al hecho, sus condiciones personales y a la posibilidad que brinde la comunidad o el sistema social.n
