Debe decidir si archiva o no la denuncia de Costilla contra el fiscal Augusto Barros y el secretario de la Corte, Arturo Herrera Basualdo. El tribunal del Jury le pidió informes.
Tribunal. Hernán Martel, Damián Brizuela, Carlos Marsilli, Augusto Ojeda, Federico Pague y Cecilia Martin.
El tribunal del Jury suspendió la audiencia de apertura del debate por el proceso abierto contra del fiscal de Instrucción Hugo Costilla prevista para este lunes y solicitó informes al fiscal de Instrucción Nº 4, Ricardo Córdoba Andreatta, sobre la denuncia penal que Costilla radicó en contra del fiscal del Jury, Augusto Barros, y el secretario de la Corte, Arturo Herrera Basualdo.
Costilla consiguió de este modo demorar el inicio de la etapa definitoria del juicio político que se le sigue por supuesto mal desempeño en la "Causa Wika". Se abren varias alternativas para neutralizar la traba procedimental, pero una de las llaves quedó en manos de Córdoba Andreatta, que debe decidir si abre la investigación o la archiva. La maniobra de Costilla fue hábil. Solo presentó como prueba un mail con preguntas a los testigos enviado por Herrera Basualdo a Barros, pero solicitó medidas probatorias de inmediato.
Daniel Ortega, el abogado de Costilla, reclamó porque Córdoba Andreatta no procedió, pero el fiscal tiene una dificultad insalvable: en su condición de fiscal de Cámara, Barros tiene inmunidad, de modo que se requiere una investigación jurisdiccional previa de un Juez de Garantías para determinar si una investigación en su contra es procedente y solicitar el desafuero.
El trámite podría extenderse meses, pero tanto Barros como Herrera Basualdo se presentaron espontáneamente, confirmaron la existencia del correo electrónico y requirieron el archivo del expediente por inexistencia de delito. Además, consideraron que la denuncia es un ardid dilatorio de Costilla, quien recusó a Barros por falta de imparcialidad y pidió al tribunal del Jury que inicie "de oficio" los trámites para someterlo a juicio político.
En caso de que Córdoba Andreatta archive la denuncia, el planteo de Costilla quedaría sin materia y el Jury podría proseguir. De lo contrario, el derrotero del proceso dependerá de que el tribunal aparte o no a Barros, independientemente del destino que tenga el expediente penal que sustancia Córdoba Andreatta.
Se trata de una decisión política de primer orden que debe asumir el tribunal compuesto por el presidente de la Corte, Hernán Martel; los diputados Damián Brizuela y Carlos Marsilli; el senador Augusto Ojeda y los abogados Federico Pague y María Cecilia Martin.
La denuncia de Costilla y su recusación a Barros tienden a meter el Jury por la "Causa Wika" en el mismo brete que en su momento trabó el de las "absoluciones pagas " por el asalto de Parque América: supeditar la continuidad del proceso político al desenlace de procesos penales que ofrecen mayores márgenes de dilación a través de vías recursivas. La discusión se enreda en la madeja de chicanas propias de la Justicia ordinaria, sin abordar la cuestión de fondo, que es la supuesta manipulación de causas por parte de Costilla. Las acusaciones contra el fiscal son gravísimas.
En el caso de las "absoluciones pagas", la sentencia que liberó a los cuatro asaltantes de Parque América fue anulada por la sala Penal de la Corte a partir de una durísima acusación de la fiscal Paola González Pinto, que la consideró contraria a derecho. Luego se pronunció la Sala de Doble Conforme que, en fallo dividido, no convalidó las "absoluciones pagas" instigadas por Costilla, sino que consideró que la Corte era incompetente para pronunciarse y giró el expediente a la Justicia de Garantías.
El Jury se reanudará eventualmente cuando concluya el de la "Causa Wika", que depende de lo que hagan Córdoba Andreatta y el tribunal con los planteos de Costilla. En este caso, Costilla está cuestionado por pretender favorecer a Edgar Adhemar Bacchiani y perjudicar al empresario Cristian Guillou en la compleja contienda por la posesión del complejo nocturno.
Entre sus elementos se destaca el intento de Costilla para archivar una causa de Guillou contra Bacchiani que fue rechazado por el juez de Garantías Marcelo Sago. El juez le recriminó a Costilla no haber investigado maniobras que aparentemente buscaban precipitar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani para concentrarse, en cambio, en desacreditar a Guillou.
Otra denuncia pendiente de tratamiento es la de Dolores del Campo, que acusa a Costilla de haber contribuido a que la privaran ilegítimamente de su libertad en Reconquista, Santa Fe. El juez santafesino Gonzalo Basualdo ordenó liberarla y marcó groseros defectos en el proceso disparada a partir de una orden de detención librada por Costilla.
